Rue20 Español/ Rabat
Las recientes declaraciones del primer ministro francés, François Bayron, sobre la lista de expulsados prioritarios argelinos transmitida a Argel confirman, una vez más, el carácter errático de la relación entre Francia y Argelia. Con un tono de aparente optimismo, Bayron aseguró que «esperamos que todos los responsables, cada uno en su lugar, reflexionen sobre el respeto de los compromisos adquiridos y la comprensión necesaria entre dos países, dos sociedades, que han negociado acuerdos». Añadió, además, que su gobierno hará todo lo posible para que dichos compromisos se respeten.
Sin embargo, detrás de estas declaraciones se esconde una realidad más compleja. La cooperación migratoria entre París y Argel nunca ha estado exenta de tensiones, y los acuerdos alcanzados con las autoridades argelinas suelen quedar en el limbo de la burocracia o el chantaje político. No es la primera vez que Francia exige a Argelia asumir la repatriación de sus nacionales en situación irregular, pero el régimen argelino ha hecho de la inmigración un arma diplomática, utilizándola a conveniencia según el contexto geopolítico.
Mientras Francia insiste en el respeto de los compromisos, Argelia adopta una postura ambigua, dosificando su respuesta en función de sus propios intereses. En más de una ocasión, las autoridades argelinas han entorpecido la entrega de salvoconductos para la expulsión de sus ciudadanos, ralentizando un proceso que París intenta acelerar bajo la presión de la extrema derecha y el descontento social. La política migratoria francesa se ha convertido en un punto de fricción permanente, pero, al mismo tiempo, Francia sigue atrapada en la contradicción de querer reducir la inmigración sin dañar una relación bilateral en la que pesan los intereses energéticos y la historia colonial.
