Rue20 Español/Melilla
La Guardia Civil lleva años tratando de desentrañar la maraña de nombres y bienes que ocultan los verdaderos titulares de las actividades ilícitas; de forma que Melilla alberga una compleja red de testaferros a disposición de las organizaciones criminales.
Uno de los casos que más ha llamado la atención de los investigadores es el de un español residente en la ciudad ocupada Melilla que figura como propietario de más de 800 vehículos y una docena de embarcaciones pese a carecer aparentemente de recursos económicos para ello, según informa El Faro de Ceuta.
Las fuentes consultadas aseguran que se trata de un toxicómano sin empleo que acumula una deuda superior a los 30.000 euros por impuestos de circulación.
Los agentes relacionan a este individuo y a otros una decena de testaferros similares con las redes de tráfico de drogas y migrantes irregulares.
Gracias a ellos, los cabecillas pueden ocultar la titularidad real de los medios empleados, como vehículos y lanchas, garantizándose la impunidad y manteniendo el negocio funcionando.
Pese a ser conscientes de su papel primordial, ni la Administración ni la Justicia parecen tener herramientas legales para actuar contra estos intermediarios que se prestan a estas actividades presuntamente por ganancias económicas.
El vacío jurídico permite que la frontera marítima de Melilla continúe siendo escenario de lucrativas operaciones de pasaje de migrantes por 10.000 euros y narcotráfico.
El cierre terrestre en 2020 por la pandemia obligó a las redes a cambiar de táctica, pasando de vehículos a embarcaciones.
Los agentes advierten de que la situación requiere una respuesta normativa que frene el uso de testaferros y permita atajar de una vez por todas estas mafias que se aprovechan de las lagunas legales.
