Rue20 Español/ Rabat
Mohamed Benabdelkader
Si bien es perfectamente necesario y fuertemente exigido que los jueces puedan decir el derecho y hacer justicia de la manera más independiente e imparcial, todavía es necesario que los plazos sean razonables; que las decisiones sean comprensibles, que la justicia sea accesible para todos y escuche a todos y, en primer lugar, a las víctimas. En resumen, que la justicia sea comunicativa y logre constituir un verdadero servicio público que vela por la aplicación de la ley y garantiza el respeto de los derechos de todos.
Para que todo esto pueda tener lugar, para que los ciudadanos puedan disponer de un servicio público de justicia, los magistrados en el ejercicio de su poder judicial independiente necesitarán que se movilicen recursos humanos, financieros y logísticos, que se ponga en marcha un aparato administrativo, que se establezca una organización del funcionamiento de los tribunales, esto significa que la justicia no puede reducirse a la independencia de juez y el buen juicio a su imparcialidad, de lo contrario se corre el riesgo de no captar esta complejidad de la acción judicial que hace que no sea suficiente haber juzgado de forma independiente por haber juzgado bien, de ahí el considerable desafío de la administración judicial en los procesos de reforma de la justicia, ya sea en Marruecos o a nivel internacional
La administración de la justicia debe permitir garantizar una justicia más cercana a los ciudadanos, más eficiente y más accesible, es decir, un sistema judicial bien administrado es un sistema que vela por informar y comunicar de tal manera que pueda contribuir a la cohesión social y al desarrollo del país.
En los últimos años, la comunicación ha ocupado en muchos países un lugar destacado en las herramientas de las reformas de las administraciones públicas, incluidas las administraciones judiciales, hoy se ha convertido en una dimensión estratégica de la gobernanza pública, en la medida en que los departamentos ministeriales, las instituciones nacionales, las administraciones públicas e incluso los tribunales, utilizan ampliamente la comunicación externa como una herramienta para apoyar y reforzar sus decisiones y acciones.
El reconocimiento del papel fundamental que puede desempeñar la comunicación en la gobernanza del servicio público, no deja de traducirse en diferentes experiencias internacionales en una serie de reformas destinadas a modernizar el sector público y promover la comunicación como parte inherente de la acción pública y esencial para la democracia y la participación ciudadana.
En Marruecos la adopción de la nueva Constitución de 2011 permitió registrar avances decisivos en materia de gobernanza pública, representando no sólo una verdadera aceleración del proceso de modernización de las instituciones ya en curso, sino también un punto de inflexión en la transformación progresiva del modo de gobernanza pública, en materia de transparencia, rendición de cuentas y apertura al ciudadano.
Los textos legislativos y reglamentarios que se han promulgado en este marco, han llenado realmente el vacío jurídico en términos de comunicación en la gobernanza de los servicios públicos, han fijado las modalidades de recepción, seguimiento y tratamiento de las observaciones, reclamaciones y propuestas de los usuarios, han garantizado a los ciudadanos el derecho de acceso a la información, han estipulado la simplificación y digitalización de los procedimientos administrativos, al tiempo que han obligado a la administración a responder en plazos fijados a las solicitudes de los usuarios, todo ello con el fin de establecer una comunicación sistematizada y eficaz, instaurar una relación de respeto y confianza entre la administración y los usuarios, y así este proceso de reforma ha podido dar lugar a regular, promover y consolidar la comunicación de la administración pública como herramienta relevante de gobernanza del servicio público, pero también como un derecho fundamental de los usuarios,
También cabe señalar en este contexto que el sistema de gobernanza pública en Marruecos se encuentra hoy, y más que nunca, en la necesidad de prestar sus servicios a poblaciones cada vez más exigentes y mejor informadas de sus derechos y obligaciones que antes. Por lo tanto, ha sido esencial en este sentido que los organismos públicos y más particularmente administrativos, puedan llevar en particular desde hace una década, la preocupación por la comunicación como componente integrado en el servicio ofrecido a la sociedad, sin olvidar que el proceso de démocratización en Marruecos, así como la ampliación del margen de derechos y libertades, han facilitado el surgimiento de un espacio público que ha permitido una mayor escucha a la demanda social y ha empujado a las instituciones del Estado a llevar a cabo proyectos de comunicación para mejorar sus relaciones con la ciudadania.
Cual es la situation en el servicio público de justicia? Parece que séria totalmente legítimo, preguntarse hasta qué punto la administración judicial ha podido desarrollar prácticas comunicativas que se inscriben en una lógica de gobernanza del servicio público y se basan en el deber de la administración judicial de informar a los usuarios y ciudadanos sobre los servicios a los que tienen derecho.
Al igual que las grandes reformas de los sistemas judiciales emprendidas en muchos países, y que se han basado en los principios de buena gobernanza con el objetivo de hacer que la gobernanza del servicio público de justicia sea más abierta, transparente y participativa, el sistema judicial marroquí, tras la constitución de 2011, y en aplicación de las altas instruccions réales, ha entrado en una nueva fase marcada por nuevos principios y opciones que han llegado a sentar las bases de una notable transformación estructural de su funcionamiento, citare dos textos de ley:
En el marco de las nuevas disposiciones de la constitución marroquí de 2011, promoviendo el derecho de access à la información como uno de los derechos constitucionales, la ley 31-13 ha permitido a los ciudadanos acceder a la información en poder de ciertas personas jurídicas de derecho público como la Cámara de Representantes, la Cámara de Consejeros, las administraciones públicas y los tribunales, así es como la ley relativa al derecho de acceso a la información, en terminos de la transparencia y de buena gestión ha inscrito a los tribunales en el corazón de los organismos con una misión de servicio público.
Además de la ley de acceso a la información, también está la ley de organización judicial que prevé según el artículo 36 la forma en que la institución judicial cumplirá con su deber de información, designando al responsable judicial como portavoz oficial del tribunal al que los periodistas deben dirigirse necesariamente, para acceder a la información requerida. También prevé que los tribunales puedan, en su caso, comunicarse directamente, con los medios de comunicación con el fin de iluminar la opinión pública, de modo que más allá de buscar satisfacer el derecho a la información de los usuarios del servicio público de justicia, el desafío sería recurrir a los medios de comunicación como medios de expresión y información que permitan a todos informarse pero también formar su opinión.
La misma ley establece en el artículo 25 que los tribunales adoptarán la gestión digital de los procedimientos judiciales, de acuerdo con los programas de digitalización de la administración judicial elaborados e implementados por la autoridad gubernamental encargada de la justicia, en estrecha coordinación con el Consejo Superior del Poder Judicial y la Presidencia del Ministerio Público.
En este sentido, las TIC desempeñan actualmente un papel influyente en la comunicación de la administración judicial, su uso ofrece a los usuarios y justiciables medios eficaces de acceso a la información, así como ofrece a los abogados y magistrados nuevos instrumentos de trabajo para abordar los casos. Al igual que otras experiencias a nivel internacional, la transformación digital de las modalidades de acceso a la información en Marruecos, ofrece hoy a los profesionales de la justicia, así como a todos los ciudadanos, varias ventajas, incluida la posibilidad de consultar la documentación jurídica accesible en Internet
Sin ninguna exageración, puedo afirmar que en Marruecos, entre las instituciones más comprometidas en los procesos de inscribir la función de comunicación como mecanismo de buena gobernanza, la institución judicial se ha distinguido por su notable apertura comunicativa en los últimos años, a pesar de la especificidad de su gobernanza, que se basa en un sistema administrativo gestionado conjuntamente por los dos poderes ejecutivo y judicial, y que parece llevar a esta institución regaliana a una complejidad de prácticas comunicativas que están lejos de ser estables y homogéneas.
Hay que decir que hoy, y desde la reforma del sistema judicial enmarcada por los principios de la nueva constitución, la comunicación relativa a la gobernanza del servicio público de justicia no deja de recibir un claro reconocimiento de los actores implicados, un reconocimiento que se traduce en la construcción de nuevas prácticas de información y comunicación, que merecen ser estudiadas y valoradas.
La comunicación pública es esencialmente para la institución judicial en Marruecos , una comunicación de información y una herramienta de gobernanza del servicio público de justicia, consiste en poner a disposición de los ciudadanos y usuarios la información producida o recibida independientemente de su soporte, por la administración judicial.
Se trata generalmente de la información necesaria para facilitar el acceso a la justicia así como la evaluación de su rendimiento, y que se refiere a las normas y procedimientos judiciales, a los datos estadísticos sobre la actividad de los tribunales, así como a la información sobre la gestión de los recursos humanos y financieros del servicio público de justicia.
El análisis de los textos fundadores de la reforma de la justicia, así como la investigación de campo sobre las percepciones de los principales actores del sistema judicial, nos han mostrado cómo las prácticas comunicativas de la administración judicial, representan en su complejidad la expresión de la capacidad de esta institución real para integrar las TIC, abrirse a la sociedad y hacerse entender por sus usuarios.
La inestabilidad de estas prácticas comunicativas asumidas actualmente como actividades embrionarias de producción y reproducción del campo de la comunicación pública de la institución judicial, inscribe esta comunicación en un proceso de transformación, que necesitará tiempo para evolucionar en un ecosistema en constante cambio y fuertemente marcado por una serie de proyectos destinados a fortalecer la comunicación digital y modernizar aún más el sistema judicial marroqui.
● Investigador y exministro de Justicia
