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De acuerdo a un sondeo realizado por la Red Brasileña de Investigación en Soberanía y Seguridad Alimentaria (Penssan), unos 33 millones de ciudadanos, el 15,3 por ciento del país, carece de medios para comprar comida y viven de restos encontrados en bolsas de basura, o donados eventualmente.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Soberanía e Inseguridad Alimentaria (IA) dio cuenta que esta cifra se incrementó de manera alarmante en un 73% en los últimos dos años.
El trabajo detalló, además, que la inseguridad afecta a una proporción mucho más amplia de la ciudadanía brasileña, ya que son 125 millones de personas las que temen no contar con recursos para comprar alimentos en un futuro próximo.
La encuesta expuso que «los niveles alarmantes de hambre», al punto que “ahora incorpora segmentos de la clase media que anteriormente estaban socialmente protegidos”.
La investigadora Ana María Segall, que trabaja en la Red Penssan, explicó que, incluso aquellas familias que reciben el subsidio Auxilio Brasil (de 120 dólares mensuales), “no consiguen destinarlo en forma integral a la compra de alimentos, ya que debe utilizar ese ingreso a otras necesidades básicas como alquiler, transporte, luz y agua”.
La encuesta también destacó que el estado más rico de Brasil, San Pablo, encabeza en términos absolutos el ranking del número de personas que sufren de falta de comida en sus tres variantes (leve, media y grave).
Se trata de unas 26 millones de personas, sobre un total de 45 millones que viven en el Estado, y en la capital hay 7 millones de paulistanos que soportan alguno de los tres niveles de insuficiencias.
En términos proporcionales, es en el Norte de Brasil, donde hay más hogares que padecen insuficiencia alimentaria grave (25,7% ); luego le sigue el Nordeste (con 21%).
Ese hecho está relacionado con otro dato: el gobierno nacional provee de recursos a solo 50 millones de brasileños, la mitad de los que eran beneficiados con el programa “Bolsa Familia”.
Esto se debe a que el programa solo ayuda a la población cuyo ingreso per cápita es menor a medio salario mínimo, lo que serían unos 60 dólares mensuales.
“Esto deja afuera a aquellos que socialmente son elegibles para recibir esa renta, por lo cual va en aumento la inseguridad alimentaria”, indicó Rosana Salles, de la Red Penssan.
