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El rechazo al proyecto de nueva Constitución en Chile se impuso con 61,86% de los votos contra 38,17% de aprobación, según los resultados oficiales difundidos por la autoridad electoral cuando se había computado 99,99% de las mesas.
El presidente Gabriel Boric ya convocó a una reunión con todos los presidentes de partidos para mañana en la sede presidencial, el palacio de La Moneda.
Según detalló La Tercera, el mandatario también convocó a líderes oficialistas y opositores para una reunión en La Moneda.
«Por especial encargo de Su Excelencia, el Presidente de la República, tengo el agrado de invitar a usted, en su calidad de presidente/a de partido con representación parlamentaria, a un espacio de diálogo transversal sobre los desafíos que debemos enfrentar como país para dar continuidad al proceso Constituyente», señala la invitación a la que tuvo acceso el medio local.
Después del rechazo, seguirá vigente la actual Ley Fundamental, aunque el presidente chileno, ya anunció que convocará un nuevo proceso constituyente y que se cumplirá con el mandato del plebiscito de octubre de 2020, en el que casi el 80 % de los chilenos pidió un cambio constitucional.
Si los resultados cambian y triunfa el apruebo, el texto sustituirá a la actual Carta Magna, heredada de la dictadura (1973-1990) y vista por una parte de la sociedad como el origen de las desigualdades del país por fomentar la privatización de servicios básicos, como educación, salud o pensiones.
La expectativa era enorme no solo por lo trascendente de la decisión sino por el hecho de que, a diferencia de las elecciones generales -a las que suele concurrir alrededor de la mitad del padrón-, esta vez el voto era obligatorio para los alrededor de 15 millones de ciudadanos registrados.
El nuevo texto, de 178 páginas y elaborado durante un año por una Convención Constitucional, consagra un “Estado social de derechos”, en respuesta a reclamos expresados en las masivas manifestaciones sociales de octubre de 2019.
El proyecto determina, además, la plurinacionalidad indígena y establece un nuevo catálogo de derechos sociales en salud, aborto, educación y pensiones, con un marcado énfasis medioambiental y de protección de nuevos derechos, aunque mantiene la economía de mercado.
