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Los parlamentarios marroquíes miembros de la Comisión Parlamentaria Mixta Marruecos – Unión Europeo han enviado a los eurodiputados una carta abierta en la que denuncian las «violaciones sistemáticas de los derechos humanos en los campamentos de Tinduf», en Argelia.
En la carta, firmada por Lahcen Haddad, copresidente de la Comisión, los parlamentarios marroquíes explican que consideran «los derechos humanos de una manera global e indivisa y no podemos aceptar que algunos quieran hablar de dichos derechos en una región mientras cierran los ojos, cuando se trata de otros contextos, por razones puramente políticas e ideológicas. Sabemos con certeza que, como diputado, usted aprecia y cree en los mismos valores que nosotros en materia de derechos humanos y que los contempla de manera integrada, sin selectividad políticamente motivada».
«Nos gustaría hablarle de los derechos humanos en Marruecos, en particular sobre los avances realizados hasta ahora en esta área, así como los desafíos que deben superarse. Nos gustaría, al mismo tiempo, en el espíritu de la naturaleza ‘no selectiva’ de los derechos humanos, señalar a su atención la grave situación de los derechos humanos en los campamentos de Tinduf, en el suroeste de Argelia, donde los llamados ‘refugiados’ están almacenados desde hace décadas. Esta situación nos preocupa como diputados marroquíes, ya que buena parte de las poblaciones secuestradas en los campamentos de Tinduf son saharauis marroquíes», subrayan.
«A pesar de considerarlos ‘refugiados’, Argelia no les aplica la Convención de Ginebra de 1951 ni el Protocolo de 1967. Además de estar ‘almacenados’, se controla su libre circulación y no se les permite ir a terceros países ni tener un empleo remunerado. El ‘almacenamiento’ es contrario al espíritu y la carta del derecho internacional de los refugiados», dicen.
Denuncian también que, a pesar de las llamadas regulares del Consejo de Seguridad de la ONU y de Acnur para que Argelia cuente y registre a los «refugiados» saharauis según lo estipulado por el derecho internacional, «la identidad y el número de estos presuntos refugiados sigue siendo un misterio».
Recuerdan que, en su nota del 28 de septiembre de 2018, Acnur confirmó que la cifra oficial de planificación de los refugiados saharauis en los campamentos de Tinduf en Argelia era 90.000 y que desde 2006 esta cifra se ha complementado con 35.000 raciones adicionales. «Sin embargo, el Acnur seguirá dependiendo de esas cifras hasta que se lleve a cabo un registro completo», según informó La Vanguardia.
«Las 35.000 raciones adicionales se añadieron para hacer frente a los efectos de las inundaciones sobre los más vulnerables y se han mantenido para hacer frente a desastres naturales como inundaciones o sequías graves. Argelia y el Polisario afirman que un mayor número de refugiados vive en los campamentos y recibe ayuda humanitaria a la luz de esas estimaciones exageradas. Pero se niegan continuamente a contar y registrar a los ‘refugiados’ a pesar de las constantes llamadas de Acnur y el Consejo de Seguridad de la ONU. Hay pruebas anecdóticas que confirman la venta de parte de la ayuda humanitaria por oficiales del Polisario en el mercado negro del sur de Argelia y la región del Sahel«.
La carta señala también que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude descubrió en 2015 que la ayuda humanitaria de la UE, que ha ascendido a 105 millones de euros, a lo largo de los años, «ha sido desviada regularmente por el Polisario para actividades como la compra de armas. La misma cuestión fue objeto de una Propuesta de Resolución presentada por los parlamentarios europeos el 24 de julio de 2020″.
De ahí, instan a los eurodiputados «a tomar las medidas necesarias para animar a Argelia a poner fin a esta situación ilegal y hacer que asuma toda su responsabilidad en la gestión de los campamentos, la libre circulación de la población y el libre acceso a la justicia argelina».
Por otro lado, instan a la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo a que lleve a cabo una investigación completa sobre el uso ilegal de niños soldados por parte del Polisario, «una entidad que administra la ayuda humanitaria de la UE recibida por el Gobierno argelino».
«Es nuestra responsabilidad moral y política como parlamentarios denunciar la desastrosa situación de los derechos humanos en los campamentos de Tinduf. Lo mismo se aplica a los diputados del Parlamento Europeo, una institución destinada a ser protectora y promotora de los derechos, para ser la voz de esos saharauis que languidecen en los campamentos de Tinduf sin voz y sin derechos», concluye la carta.
