RUE20 ESPAÑOL / RABAT
La acogida clandestina del presunto líder del Polisario, Brahim Galo, y su hospitalización bajo identidad falsa por parte del gobierno español, es un acto contradictorio con la normas establecidas por El Acuerdo de Schengen firmado por varios países de Europa.
Recibir a un acusado y criminal implicado en torturas y violaciones viola el mismo Schengen, según señala el ministros e Exteriores marroquí, Nasser Bourita, en unas declaraciones a la cadena “ Europe 1” hace unos minutos.
También, asegura que Marruecos sigue manteniendo su cooperación y coordinación con la Unión Europea, pero insiste en que España debería asumir sus responsabilidades.
Para Bourita, “ Esta crisis bilateral no tiene nada que ver con Europa y tiene su origen en una decisión nacional tomada por España sin haber consultado sus socios europeos”. Señala que “ a pesar de los intentos de España de desviarse del origen de la crisis con Marruecos usando el argumento migratorio, cabe recordar que la principal causa es un acto desleal hacia Marruecos, su pueblo y sus intereses estratégicos”.
Bourita advierte a Madrid:” La asociación entre Marruecos y España no debe ser a la carta ;
A diferencia de lo que dice Arancha Gonzalez, desde el inicio de la crisis no hay contactos entre Marruecos y España. Marruecos nunca ha sido informado de la llegada de este individuo”.
Bourita señala que “ España ha creado una crisis y quiere que la Unión Europea asuma la responsabilidad”.
Cabe recordar que “ El Acuerdo de Schengen es un acuerdo por el que varios países de Europa suprimieron los controles en las fronteras interiores (entre esos países) y trasladaron esos controles a las fronteras exteriores (con terceros países).
El acuerdo, firmado en la ciudad luxemburguesa de Schengen en 1985 y en vigor desde 1995, establece un espacio común -denominado espacio Schengen- que comprende una gran parte del continente europeo.
Los países participantes aplican normas comunes para controlar las fronteras exteriores y también en materia de visados y de cooperación entre los servicios policiales y judiciales en el ámbito penal”, explica en el gobierno español en sitio web.
