19 años después, Marruecos avanza en la reforma del Código Familiar

 

Rue20 Español/ Rabat

19 años después de las reformas introducidas en el año 2004 en Al Mudawana, Código de la Familia, el Rey Mohammed VI tomó hoy la iniciativa de avanzar en este gran proyecto. El Rey pide más reformas casi dos décadas después.

 

La gran reforma de 2004 destacó por la supresión de la figura del tutor para la mujer, el aumento de la edad legal para el matrimonio de 16 a 18 años y la puesta en marcha de una serie de medidas que limitan y dificultan la práctica de la poligamia.

 

Hoy el Rey Mohammed VI, Amir Al Muminin, quiere avanzar más en este proyecto mediante una Carta dirigida hoy al Jefe del Gobierno relativa a la revisión del Código de la Familia.

 

Esta Carta Real concreta la decisión Real anunciada por el Rey en el Discurso del Trono del año 2022, y refleja la Alta solicitud que el Soberano no cesa de mostrar por la promoción de las cuestiones de la mujer y de la familia en general.

 

Paralelamente a la misión que el rey ha encargado al Jefe del Gobierno, a través de esta Carta, el Soberano ha encomendado la dirección de la preparación de esta importante reforma, de manera colectiva y común, al Ministerio de Justicia, al Consejo Superior del Poder Judicial y a la Presidencia del Ministerio Público, habida cuenta de la centralidad de las dimensiones jurídicas y judiciales de esta cuestión.

 

El Rey llamó a dichas instituciones a asociar estrechamente a esta reforma a las demás instancias directamente concernidas por esta cuestión, encabezadas por el Consejo Superior de Ulemas, el Consejo Nacional de los Derechos Humanos, la Autoridad gubernamental encargada de la Solidaridad, la Inserción Social y la Familia, abriéndose también a las instancias y actores de la sociedad civil, los investigadores y los especialistas.

 

Las Altas Instrucciones Reales estipulan someter las propuestas de enmiendas que surgirán de estas amplias consultas participativas a la Alta Aprobación de SM el Rey, Amir Al Muminin, garante de los derechos y libertades de los ciudadanos, en un plazo máximo de seis meses, antes de la elaboración por el gobierno del proyecto de ley a este respecto y su sumisión al parlamento para ser aprobado.

 

 

 

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