Rue20 Español/ Rabat
Las autoridades españolas, en la denominada operación Masías, han desarticulado una organización criminal asentada en Castellón y ha detenido a 31 personas como presuntas autoras de los delitos de organización criminal, contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.
Las detenciones han sido realizadas 17 en Castellón, nueve en Tarragona, dos en Valencia, dos en Navarra y una en Barcelona, según informó hoy la Guardia civil española.
Los agentes han realizado 21 registros domiciliarios, 15 en Castellón, cinco en Tarragona y uno Valencia, donde se hallaron 10.676 plantas y 69 kg de cogollos marihuana. Asimismo se han intervenido más de 5.000€, una pistola, documentación de interés, vehículos de alta gama, así como dispositivos electrónicos y de almacenamiento masivo.
Se estima que sólo en el período investigado, la marihuana que habría sido traficada por esta organización criminal, podría ascender a un valor de mercado de 1.000.000 de euros. Asimismo, se estima que el valor defraudado de suministro eléctrico ascendería a 750.000 euros.
La investigación comenzó el pasado año 2022 cuando se detectó el asentamiento de un grupo de albaneses sospechoso de estar conformando una red criminal en la población Oropesa del Mar (Castellón).
Los agentes comprobaron que ninguno de los albaneses desempeñaba actividad laboral alguna y que la organización contaba con la ayuda de un agente inmobiliario, de origen español, cuya actividad laboral estaba prácticamente dedicada a la organización. Éste auxiliaba a la misma en la logística inmobiliaria, que posteriormente comenzó a ser adaptada a las necesidades criminales manipulando contadores de luz para defraudar fluido eléctrico y así convertirlos en instalaciones idóneas para el cultivo ilícito de marihuana.
Los investigadores identificaron a más de 31 personas integrantes de la organización criminal que, bajo la dirección de una pareja albanesa, desarrollaban funciones de manera organizada y jerarquizada en diferentes tareas como conseguidores, intermediarios, instaladores, gestores y cuidadores de las plantaciones.
Cuando los miembros estaban asentados realizaban la instalación e iniciaban el cultivo de marihuana. Involucraban a nuevos integrantes con la finalidad de vigilar y custodiar las plantaciones, en posibles condiciones abusivas y de explotación, manteniendo las puertas y ventanas cerradas, en muchas ocasiones sin poder salir al exterior, dependiendo además de terceras personas para su alimentación, en un espacio interior sumamente reducido y rodeado de plantas de marihuana.
La investigación policial ha permitido hasta la fecha aportar a las autoridades judiciales competentes numerosos indicios y evidencias sobre la posible comisión de los delitos de organización criminal, contra la salud pública (tráfico de drogas) y defraudación de fluido eléctrico resultando altamente compleja su obtención dado el carácter endogámico de la organización criminal, del dinamismo en el cambio de residencia de sus integrantes y de la ocultación de los lugares destinados a la plantación, además de las medidas de contravigilancia adoptadas para evitar que sus actividades fueran detectadas.
