Rue20 Español/ Libreville
La malversación sistemática de las ayudas humanitarias destinadas a las poblaciones de los campamentos de Tinduf, que Marruecos denuncia desde hace muchos años a la comunidad internacional, ha sido confirmado de nuevo por el informe del Programa Mundial de Alimentos (PMA), en su evaluación del «programa estratégico país Argelia 2019/2022», subrayó el experto camerunés, Alphonse Zozime Tamekamta.
Así, el profesor universitario explica que el PMA ha documentado de forma irrefutable el desvío y la venta de alimentos procedentes de la ayuda humanitaria en los mercados de Tinduf, fuera de los campamentos, así como en los países vecinos, mientras que la población de los campamentos vive en condiciones indignas, marcadas por la desnutrición crónica, especialmente entre las mujeres y los niños.
«Lo más grave aún es que el PMA ha expresado de nuevo su preocupación por la falta de registro y censo de la población en los campamentos de Tinduf y por el potencial de desvío que esta situación única hace posible», afirma.
Se trata también de una situación excepcional en el mundo en lo que respecta al derecho internacional humanitario, en la medida en que, desde hace casi 50 años, estas poblaciones nunca han sido identificadas, registradas como refugiados, ni censadas, lo que les ha privado de todos los derechos garantizados por la Convención de 28 de julio de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados», prosigue el profesor de Historia de las Relaciones Internacionales (Polemología e Ireneología Africanas) de la Universidad de Yaundé.
El informe también señala la imposibilidad de que las agencias especializadas de la ONU tuvieran acceso sin trabas a los campamentos, y califica de «parcial por naturaleza» el control interno de la distribución de la ayuda humanitaria llevado a cabo por el «polisario».
El Parlamento Europeo había adoptado una resolución en la que señalaba que «Argelia habría aplicado un impuesto del 5% sobre esta ayuda y habría rechazado las solicitudes de censo de refugiados formuladas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en 1977, 2003, 2005 y 2015», recuerda, señalando que dicha resolución también pide a la UE que audite el uso de la ayuda humanitaria europea por parte del «polisario» desde 2015.
En 2021, según Alphonse Zozime Tamekamta, el informe del Secretario General de la ONU llamó la atención sobre la malversación de fondos y ayuda alimentaria destinados a la población secuestrada por el «polisario».
