Rue20 Español/ Rabat
El gobierno aprobó hoy la adopción de una Comisión Provincial para la gestión del sector de la prensa y edición que reemplazará a los órganos del Consejo Nacional de Prensa después de que este último no pudiera celebrar elecciones a pesar de la extensión de su mandato de manera excepcional.
El Consejo de Gobierno, celebrado hoy, jueves 13 de abril de 2023, aprobó un proyecto de ley relacionado con el establecimiento de una comisión provisional para la gestión de los asuntos del sector de la prensa y la edición, que tiene como objetivo corregir la situación ilegal de las decisiones del Consejo Nacional de Prensa, después de que no fuera posible celebrar elecciones a pesar de la extensión del plazo de la asignación del Consejo.
El período de mandato de esta comisión se especifica en dos años a partir de la fecha de nombramiento de sus miembros, pero si los miembros del Consejo Nacional de Prensa son elegidos antes de esta fecha límite, las tareas del comité terminan tan pronto como los nuevos miembros comiencen a ejercer sus funciones.
Las tareas del comité, de acuerdo con el proyecto de ley, son evaluar exhaustivamente la situación actual del sector de la prensa y la edición y proponer medidas destinadas a apoyar sus fundamentos regulatorios, dentro de un período no superior a 9 meses a partir de la fecha de nombramiento de sus miembros, y fortalecer los lazos de la relación de cooperación y trabajo conjunto entre los componentes del organismo del sector.
Es de destacar que el Consejo de Gobierno aprobó en septiembre de 2022 el proyecto de decreto-ley n° 2.22.770 que prorroga por seis meses el mandato de los miembros del Consejo Nacional de la Prensa (CNP).
Por su parte, la Federación Marroquí de Editores de Periódicos (FMEJ) y la Federación Nacional de Periodismo, Información y Comunicación afiliada a la Unión Marroquí del Trabajo (FNJIC-UMT) denunciaron este miércoles el intento de toma de control de un organismo de autorregulación.
En un comunicado conjunto enviado el miércoles a la MAP, la FMEJ y la FNJIC-UMT manifestaron su estupor al conocer el contenido de un proyecto de ley que prevé la creación de una comisión provisional de gestión del sector de la prensa y la edición, que figurará en el orden del día del Consejo de Gobierno del próximo jueves, calificando el proyecto de ley de inconstitucional, perjudicial para la imagen del Reino en el ámbito de los derechos humanos y de grave retroceso para la independencia de la prensa en nuestro país, debido a la injerencia del ejecutivo en la autorregulación de la profesión.
“En un momento en que la opinión pública profesional esperaba la aplicación del artículo 54 de la ley que regula el Consejo, así como la creación de una comisión de control de las elecciones, bajo la presidencia de un magistrado, hoy, nos encontramos ante un proyecto de ampliación efectiva de un componente del Consejo con el presidente saliente y otro componente formado por los presidentes de comisiones pertenecientes a las dos organizaciones profesionales opuestas a las elecciones y también una exclusión flagrante de los dos componentes del Consejo, la Federación Marroquí de Editores de Periódicos y la Federación Nacional de Periodismo, Información y Comunicación afiliada a la Unión Marroquí del Trabajo (UMT), señala el comunicado.
Más sorprendente aún, añade el comunicado, »este proyecto de ley concede a dicha comisión todas las prerrogativas del CNP en materia de disciplina, arbitraje, rehabilitación o incluso concesión y retirada del carné de prensa, atribuciones que estaban confiadas a cinco comisiones, pero este proyecto excluye deliberadamente a dos comisiones por la simple razón de que sus presidentes pertenecen a la FMEJ, además de la exclusión del representante de la UMT que encabezaba la lista de representantes de los periodistas durante las anteriores elecciones».
En consecuencia, las dos Federaciones consideran que »la prórroga por dos años de un componente del Consejo es en realidad un nombramiento bajo otra forma y con la complicidad de la administración, en contra del interés del país y del derecho de los periodistas a elegir a sus representantes y favoreciendo la injusticia al confiar a un partido opuesto a la elección democrática la responsabilidad de renovar las estructuras del Consejo y de tener el control sobre las empresas de prensa y su personal».
La misma fuente señala que el artículo 28 de la Constitución, que anima a los poderes públicos a promover la autorregulación, hace que este proyecto de ley sea inconstitucional, observando que »la promulgación de una nueva ley sobre una nueva estructura del CNP mientras se basa en la ley relativa a la creación de dicho Consejo significa que este organismo se rige por dos leyes, lo que es ilegal».
