Rue20 Español/ Rabat
La Federación Marroquí de Editores de Periódicos (FMEJ) y la Federación Nacional de Periodismo, Información y Comunicación afiliada a la Unión Marroquí del Trabajo (FNJIC-UMT) denunciaron el miércoles el intento de toma de control de un organismo de autorregulación.
En un comunicado conjunto enviado el miércoles a la MAP, la FMEJ y la FNJIC-UMT manifestaron su estupor al conocer el contenido de un proyecto de ley que prevé la creación de una comisión provisional de gestión del sector de la prensa y la edición, que figurará en el orden del día del Consejo de Gobierno del próximo jueves, calificando el proyecto de ley de inconstitucional, perjudicial para la imagen del Reino en el ámbito de los derechos humanos y de grave retroceso para la independencia de la prensa en nuestro país, debido a la injerencia del ejecutivo en la autorregulación de la profesión.
“En un momento en que la opinión pública profesional esperaba la aplicación del artículo 54 de la ley que regula el Consejo, así como la creación de una comisión de control de las elecciones, bajo la presidencia de un magistrado, hoy, nos encontramos ante un proyecto de ampliación efectiva de un componente del Consejo con el presidente saliente y otro componente formado por los presidentes de comisiones pertenecientes a las dos organizaciones profesionales opuestas a las elecciones y también una exclusión flagrante de los dos componentes del Consejo, la Federación Marroquí de Editores de Periódicos y la Federación Nacional de Periodismo, Información y Comunicación afiliada a la Unión Marroquí del Trabajo (UMT), señala el comunicado.
Más sorprendente aún, añade el comunicado, »este proyecto de ley concede a dicha comisión todas las prerrogativas del CNP en materia de disciplina, arbitraje, rehabilitación o incluso concesión y retirada del carné de prensa, atribuciones que estaban confiadas a cinco comisiones, pero este proyecto excluye deliberadamente a dos comisiones por la simple razón de que sus presidentes pertenecen a la FMEJ, además de la exclusión del representante de la UMT que encabezaba la lista de representantes de los periodistas durante las anteriores elecciones».
En consecuencia, las dos Federaciones consideran que »la prórroga por dos años de un componente del Consejo es en realidad un nombramiento bajo otra forma y con la complicidad de la administración, en contra del interés del país y del derecho de los periodistas a elegir a sus representantes y favoreciendo la injusticia al confiar a un partido opuesto a la elección democrática la responsabilidad de renovar las estructuras del Consejo y de tener el control sobre las empresas de prensa y su personal».
La misma fuente señala que el artículo 28 de la Constitución, que anima a los poderes públicos a promover la autorregulación, hace que este proyecto de ley sea inconstitucional, observando que »la promulgación de una nueva ley sobre una nueva estructura del CNP mientras se basa en la ley relativa a la creación de dicho Consejo significa que este organismo se rige por dos leyes, lo que es ilegal».
