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viernes, noviembre 22, 2024

Marruecos avanza en la lucha contra la trata de personas

 

 

 

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Rue20 Español/ Rabat

 

La Comisión nacional encargada de coordinar las medidas de lucha y prevención de la trata de seres humanos adoptó recientemente el Plan nacional de lucha y prevención de la trata de seres humanos 2023-2030, así como el mecanismo nacional de remisión de las víctimas de la trata de seres humanos.

 

En este sentido, el ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, presentó, durante el Consejo de Gobierno celebrado el jueves, el contenido del Plan Nacional 2023-2030 de lucha y prevención contra la trata de seres humanos, el Plan de Acción Estratégico Nacional para su aplicación para 2023-2026, así como el mecanismo nacional de derivación de las víctimas de la trata de seres humanos, tras su adopción por unanimidad por la Comisión Nacional durante su reunión del 17 de marzo de 2023.

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Esto se inscribe en el marco de las competencias de la Comisión Nacional de Coordinación de las Medidas de Lucha y Prevención de la Trata de Seres Humanos, creada en el Departamento del jefe de Gobierno en virtud de la Ley nº 27-14 de lucha contra la trata de seres humanos, promulgada el 25 de agosto de 2016, y de la que el Ministerio de Justicia es Presidente y Secretaría Permanente.

 

Esta medida responde también a los compromisos del Reino de Marruecos en materia de lucha y prevención de la trata de seres humanos, de conformidad con los instrumentos y normas internacionales, así como con la legislación nacional conexa, y emana de la convicción de la Comisión Nacional de la necesidad de proteger y defender los derechos humanos, incluida la lucha contra la trata de seres humanos, que constituye una grave violación de los principios fundamentales relativos a la protección de los derechos humanos.

 

Según un comunicado de la Comisión, también refleja el compromiso firme y constante del Reino en la lucha contra este delito, que requiere una visión unificada, holística e integrada, tal y como se plasma en el Plan Nacional como hoja de ruta de referencia para una respuesta nacional eficaz a esta cuestión, mediante la identificación de prioridades estratégicas y medidas y procedimientos para la aplicación de estos compromisos en el marco de un enfoque humanista y en el pleno respeto del Estado de Derecho y de los derechos humanos universales.

 

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