Rue20 Español/ Lima
Después de diez días consecutivos de protestas contra el Gobierno, se registraron cerca de 100 bloqueos de ruta en ocho regiones de Perú y 329 personas fueron detenidas por «alterar la tranquilidad pública».
Mientras los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso nacional, el Ministerio Público Fiscal investiga si las muertes ocurridas durante las movilizaciones, que comenzaron en diciembre pasado, fueron consecuencia de violencia ejercida por el Estado.
Los cortes de ruta fueron informados por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, que detalló que hubo 83 puntos con bloqueos en ocho regiones del país y 15 autopistas nacionales afectadas.
Las protestas más fuertes ocurrieron en el sur del país, una región históricamente marginada donde Pedro Castillo, el presidente destituido en diciembre último, cuenta con gran parte de su apoyo político y electoral.
Como resultado de los cortes de ruta, la ciudad de Arequipa se encuentra prácticamente aislada por vía terrestre.
También hubo marchas en Tacna, ubicada a unos 1.200 kilómetros al sureste de Lima y fronteriza con Chile.
En este contexto, las autoridades chilenas cerraron temporalmente el paso binacional Santa Rosa, aunque ya lo reabrieron.
En la región de Cusco, estuvo cerrado el aeropuerto debido a que las protestas violentas fueron en aumento desde principios de esta semana, lo que provocó también la suspensión del tren al complejo arqueológico y turístico Machu Picchu.
Las primeras movilizaciones comenzaron el 7 de diciembre pasado tras la destitución de Castillo y dejaron hasta el momento 42 muertos -41 civiles y un policía- además de otras siete personas fallecidas por accidentes de tránsito vinculados a los bloqueos de ruta, informó la Defensoría del Pueblo peruana.
En tanto, el Ministerio Público Fiscal abrió ocho investigaciones por las muertes vinculadas a las manifestaciones.
También hay 80 causas para investigar a quienes cometieron delitos contra la administración pública, disturbios, violencia, resistencia a la autoridad y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, y otras tres por los ataques a las sedes del Ministerio Público.
La Fiscalía informó que «de acuerdo a las primeras indagaciones», las protestas provocaron 531 heridos, de los cuales 355 son civiles y 176 policías
