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El presidente de Perú, Pedro Castillo, presentó a seis nuevos integrantes de su Gabinete, el quinto de su gestión como mandatario, luego de la denuncia del primero ministro en medio de una pelea entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.
Entre los cambios destaca Oliverio Muñoz como nuevo ministro de Energía y Minas, en reemplazo de Alessandra Herrera; Eduardo Mora Aznarán al frente del Ministerio de la Producción, en sustitución a Jorge Prado; o Cinthyia Lindo como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, un puesto que tenía la vicepresidenta Dina Boluarte.
Por otro lado, Heidy Juárez quedó a cargo de la cartera de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; Juan Rodo Altamirano en Desarrollo Agrario y Riego; Silviana Robles estará al frente de Cultura, según detalló el Ejecutivo en un comunicado.
Boluarte ya había anunciado que dejaría el gabinete de Castillo y fue la gran ausente en la ceremonia en Palacio de Gobierno.
«He tomado la decisión de no continuar en el próximo Gabinete Ministerial (…) no tengo duda que la polarización actual perjudica a todos, especialmente al ciudadano de a pie que busca salir de la crisis política y económica», dijo Boluarte en Twitter al anticipar que dejaría el despacho ministerial.
Esta renovación fue empujada por la renuncia de Torres, en medio de un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo de izquierda y el Legislativo, con mayoría de la oposición.
La salida de Torres ocurrió después de que el presidente del Congreso, José Williams, comunicó que «la Mesa Directiva rechaza de plano la cuestión (del voto) de confianza» planteada por el renunciante primer ministro hace una semana.
Torres había advertido que renunciaría si el Congreso no debatía el proyecto de ley sobre un referendo, que permitiera una consulta popular sin pasar por el filtro del propio Parlamento.
El renunciante es el cuarto jefe de gabinete en dejar el cargo desde que Castillo asumió el poder hace 16 meses.
En su lugar, fue designada Chávez, una legisladora de 33 años que está siendo investigada preliminarmente por la Fiscalía peruana, «por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias agravado» por la supuesta contratación de allegadas en cargos públicos.
La dirigente deberá acudir al Congreso en un plazo de 30 días para solicitar un voto de confianza y asumir formalmente el cargo.
El presidente ya enfrentó dos intentos de destitución desde el Congreso y seis investigaciones judiciales por parte de la Fiscalía por presunta corrupción.
Esa creciente tensión llevó a Castillo a denunciar un supuesto golpe de Estado en marcha y pedir a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que intervenga, invocando la Carta Democrática Interamericana.
Una misión de la OEA visitó Lima esta semana y se reunió con autoridades y opositores para estudiar la situación.
