Rue20 Español/ Rabat
Una asociación civil denunció al presidente de Perú, Pedro Castillo, y a parte de su gabinete por presuntamente haber incumplido varios artículos de la Constitución luego de proponer una reforma que permita someter a referendo cuestiones de gran importancia.
La denuncia fue presentada por la asociación civil Movimiento Integridad ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, y la misma sostiene que el Gobierno habría incumplido varios artículos constitucionales, informó el diario La República.
Según la organización, el primer ministro, Aníbal Torres Vásquez, actuó «inconstitucionalmente» al presentarse en el hemiciclo del Parlamento planteando una moción de confianza al Congreso para aprobar un proyecto de ley que reemplace a la actual ley que limita el referendo.
La asociación civil, sin embargo, argumentó que la aprobación o derogación de dicha ley es «competencia exclusiva y excluyente» del Legislativo y acusó al Gobierno de tener «el único propósito de forzar una negociación de confianza y propiciar la disolución del Congreso, valiéndose, ilegítimamente, del artículo 134 de la Constitución».
Este artículo de la Carta Magna establece que el presidente está facultado de disolver el Parlamento si este le niega dos veces su confianza, como hizo el expresidente Martín Vizcarra en 2019.
Según informó el lunes pasado el presidente del Legislativo, José Williams, Castillo acumula una veintena de denuncias en el Congreso, de las cuales «solo tres fueron presentadas por congresistas, una por la fiscal general y dieciséis por ciudadanos».
Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó este martes al Legislativo anular la denuncia contra el mandatario que plantea inhabilitarlo por cinco años por «traición a la patria» por haber declarado que Perú podría facilitar una salida al mar para Bolivia.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales imputó a Castillo el presunto delito de traición a la patria por haber afirmado en una entrevista televisada que estaría dispuesto a conceder una salida al mar a Bolivia si así lo decidía la ciudadanía en referendo.
La resolución del TC se conoció mientras una misión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) terminaba su tarea de dos días en los que entrevistó a autoridades y dirigentes, con vistas a la elaboración de un informe.
Ese grupo visitó Lima a pedido de Castillo, quien reclamó la intervención del organismo en función de su Carta Democrática Interamericana por entender que la oposición parlamentaria está llevando adelante un «golpe de Estado» para derrocarlo. MAP
