Rue20 Español/ Salé
Los informes policiales para expulsar a dos activistas marroquíes en Cataluña, Mohamed Said Badaoui y Amarouch Azbir, acusados sin pruebas de «amenazar la seguridad nacional» han tenido distintos recorridos en los juzgados.
El juzgado de primera instancia e instrucción 5 del municipio ha dado un duro varapalo al informe policial.
El magistrado ha calificado el informe de “vago”, “genérico” y que no recoge datos concretos que acrediten la “urgencia de internar” a Azbir, a la espera de su expulsión.
El auto considera que las conclusiones del informe policial “no solo son vagas y genéricas, sino que también están alejadas en el tiempo”, informó El País.
Critica también la “falta de elementos contundentes o de entidad y gravedad para hacer un juicio de peligrosidad”.
“La ideología de un individuo, por muy radical que sea y por muy alejada que pueda parecernos de la de nuestra sociedad, no puede considerarse en sí misma como un riesgo para la seguridad nacional” hasta que no se pruebe “al menos indiciariamente” si “pone en práctica sus ideas atentando contra los principios básicos de la sociedad democrática o alentando a otros para que obren en tal modo”, añade el juez.
El magistrado, David González, concluye que “los resultados que arroja el oficio policial no son en modo alguno suficientes para justificar el riesgo para la seguridad nacional como causa que haga necesario adoptar el internamiento en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE)”.
El activista Badaoui vive desde hace más de 30 años en Cataluña, concretamente en la provincia de Tarragona, y tiene tres hijos nacidos en Reus y Valls. Es presidente de la Asociación por la Defensa de los Derechos de la Comunidad Musulmana (Adedcom).
Por su parte, Azbir lleva 22 años en España, donde trabaja desde hace dos décadas con contrato fijo como barrendero en Vilanova i la Geltrú. Ambos tienen trabajo, esposa e hijos.
