Rue20 Español/ Rabat
Mounia Zeroual
La acogida clandestina del presunto líder del Polisario, Brahim Gali, en un hospital español el 18 del pasado abril, provocó una crisis diplomática con Marruecos.
Esa entrada clandestina permitió a los víctimas de Gali presentar de nuevo una denuncia en su contra ante el juez de instrucción.
La decisión inapropiada de la Moncloa desató una crisis diplomática, seguida por otra de carácter judicial.
Gali acabaría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tras inacción de la justicia española. A pesar de la querella interpuesta por la Asociación Saharaoui para la defensa de los Derechos Humanos ( Asadeh ) en 2008, la Justicia española archivó este jueves, 29 julio la querella por genocidio contra Brahim Ghali declarando que » el delito no se ha acreditado la comisión del tipo penal y que , en todo caso los hechos están prescritos».
A raíz de este hecho, el politólogo español, Pedro Ignacio Altamirano, en una declaraciones a nuestro digital «Rue20 en español», comenta: «Yo por ley estoy obligado a acatar las resoluciones judiciales. Pero la misma ley me permite el no estar de acuerdo y opinar sobre ella».
Altamirano califica la decisión d justicia española de » una resolución sin sentido alguno, estoy convencido que las asociaciones de víctimas recurrirán el archivo de la causa, aunque, a nivel personal creo que no cambiará nada».
También señaló que ahora «se abre la vía del Tribunal Europeo de Justicia que tantas veces ha corregido a la justicia española, sin descartar elevar la causa al penal internacional de La Haya, donde me gustaría ver sentado a Brahim Ghali siendo juzgado por delitos de lesa humanidad».
El juez rechazó enviarle a prisión o retirarle el pasaporte como pedían las acusaciones , explicando que esto sería un delite por su parte porque no se ha acreditado la comisión del delito de genocidio.
«Después de regresar a Argelia, el líder del Frente Polisario pidió a la Justicia española el archivo de la causa en la que se le investiga por dos querellas contra él por genocidio, detención ilegal y torturas, al considerar que estas acusaciones responden a motivaciones espurias de carácter político», informa el Diario Libre.
