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El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado hoy en el Congreso que durante la crisis de la ciudad ocupada Ceuta, que tuvo lugar durante el mes de mayo, no hubo devoluciones ilegales de inmigrantes y ha dicho que el Ejecutivo ha trabajado directamente desde el principio con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Grande-Marlaska ha aclarado también en su intervención que lo ocurrido en la ciudad de Ceuta «no fue una crisis migratoria, sino fronteriza» y ha indicado que después de la entrada masiva de los inmigrantes marroquíes no se realizaron devoluciones de forma ilegal, sino que se llevó a cabo esta operación conforme a la ley.
Igualmente, ha aclarado que las fuerzas de seguridad españolas han trabajado de manera directa con ACNUR, además de Cruz Roja y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que estaban en el Tarajal, para la «determinación de los posibles perfiles vulnerables o susceptibles de protección internacional».
El titular del Interior ha destacado que el Gobierno español sigue la línea de los «valores democráticos» y respeta «los derechos humanos».
En lo que atañe al número de las personas que entraron en la ciudad de Ceuta y que fueron expulsadas después, Grande-Marlaska ha asegurado que en este caso es muy difícil saberlo porque «el hecho concreto de lo que ha representado la entrada y la forma impide saber el número exacto de identificaciones».