Rue20 Español/ Casablanca
Con el paso del tiempo, se ha quedado muy claro que la acogida clandestina y bajo identidad falsa del presunto líder del Polisario, Brahim Gali, por el Gobierno de Sánchez el pasado abril, es una decisión de alto coste.
A pesar de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, despidió a la ex ministra de Exteriores, Arancha Gonzalez Laya, sustituyéndola por José Manuel Albares, para acercarse a Marruecos y cerrar el dossier del llamado Caso Gali, la estrategia le ha salido rana.
Laya fue la principal señalada y sacrificada para salvarle el pellejo a Sánchez. Sin embargo la Justicia española está acercando la soga al cuello de Sánchez.
Hoy ha quedado muy claro que Sánchez y el régimen argelino fueron los estrategas y responsables de la entrada de Gali a España, a pesar de que está perseguido por la Justicia.
«Teniendo en cuenta que participaron en esta operación autoridades y funcionarios cualificados de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Interior y Defensa y que los titulares de cada uno de estos Ministerios no dirigen instrucciones u órdenes a quienes dependen de cualquier de los otros dos ministerios, salvo que lo ratificara expresamente su titular, y puesto que la actuación de ellos fue inmediata y coordinada, lo que nos dice la ley es que el presidente del Gobierno dirigía esta actuación conjunta», confirmó el auto del juez del caso, Rafael Lasala, al que ha tenido acceso el diario El Mundo.
El juez llegó al conclusión de que «la decisión última correspondía al Presidente del Gobierno».
