Rue20 Español / Mequínez
España ha manchado lo que es Democracia por sus posturas hostiles hacia su vecino del Sur, Marruecos, respecto a la integridad territorial del Reino.
Guiado por la carta del gas argelino, el gobierno socialista español disparó contra su propio pie, desatando una crisis sin precedentes con Marruecos que no solo perjudica a España, sino a toda Europa.
Continúan las investigaciones judiciales acerca de la entrada secreta e ilegal en España del presunto líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para saber quiénes estaban detrás de este operativo fraudulento.
Según las investigaciones, Brahim Ghali utilizó dos nombres falsos en sus primeras horas en España tras aterrizar procedente de Argelia: Mohamed Apdellall y Mohamed Benbatouche.
Además, los acompañantes del presunto líder del Frente Polisario no solo le registraron en el hospital de la ciudad española de Logroño con un nombre ficticio, sino que también ofrecieron una identidad incorrecta al servicio de ambulancia que le recogió en Zaragoza, informó Vozpópuli.
El último oficio policial incorporado a la causa acredita que se registró a Brahim Ghali con el nombre de Mohamed Apdellall.
La empleada del Servicio de Admisión explicó a la Policía que se le había entregado un pasaporte ficticio con el nombre de Mohamed Benbatouche.
Los servicios jurídicos del Gobierno español reconocen, a su vez, que el operativo fue secreto y que no se pasó por el trámite de aduanas.
Cabe recordar que el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional de España, José Ángel González Jiménez, compareció el pasado lunes ante el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala.
Durante su comparecencia ante el juez Lasala, el DAO de la Policía Nacional, que forma parte del cuadro de mando de la cúpula del Ministerio del Interior, «ha negado haber tenido participación alguna en la operación encubierta que desplegó el Gobierno de Pedro Sánchez para introducir clandestinamente en España al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en abril del año pasado».
Ante estas declaraciones, el abogado que ejerce la acusación popular y que promovió esta investigación judicial, Antonio Urdiales, que ha calificado de «totalmente inverosímil» esta versión que sostiene el DAO, ha anunciado que va a solicitar nuevas testificales para indagar en la participación que tuvo el Ministerio del Interior en el caso Gali.
Cabe señalar que las investigaciones judiciales del juez Rafael Lasala han permitido, hasta el momento, revelar que esa operación clandestina e ilegal fue ordenada y ejecutada desde el Gobierno de Pedro Sánchez, con participación activa de al menos tres ministerios, a saber: Exteriores, Defensa e Interior.
