Rue20 Español/Madrid
La decisión del Gobierno andaluz de extinguir el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) a partir del curso 2027-2028 no es una simple rectificación administrativa. Es un gesto político cargado de simbolismo, y en ese simbolismo reside su peligro. Al pactar su eliminación con Vox, el presidente Juanma Moreno no solo ha cedido una conquista pedagógica de cuatro décadas; ha enviado un mensaje demoledor: en Andalucía, la memoria compartida con el mundo árabe y marroquí ha dejado de ser un patrimonio para convertirse, en pleno siglo XXI, en un estorbo.
El PLACM no es un capricho. Nació en 1985 al amparo del Convenio de Cooperación Cultural entre España y Marruecos, y durante casi cuarenta años ha sido un puente —no un muro— para miles de estudiantes de origen marroquí que estudian en centros públicos andaluces.
Es un programa extracurricular y voluntario, impartido por profesorado funcionario, que busca lo más elemental: que ningún niño reniegue de sus raíces para poder asirse con firmeza a su presente. Decir que el conocimiento de la lengua materna dificulta la integración es tan absurdo como afirmar que quien conoce su origen pierde su destino. La integración verdadera no se construye con el olvido forzado, sino con el reconocimiento de que una identidad puede ser plural sin ser menos española.
Los argumentos esgrimidos por Vox —que el programa fomenta la segregación o que supone una injerencia extranjera— no resisten el menor análisis riguroso. ¿Segregación? El PLACM se imparte en horario lectivo o extracurricular, siempre con el consentimiento de las familias, en centros públicos donde el 90% del alumnado es de origen español. ¿Injerencia? Está coordinado por el Ministerio de Educación español y las comunidades autónomas, con la misma lógica de cooperación cultural que rige los institutos Cervantes en el extranjero o los programas de lenguas cooficiales en España. Lo que Vox llama «adoctrinamiento» no es más que la enseñanza de una lengua que, por cierto, fue hablada en Sevilla, Granada y Córdoba durante siglos antes de que existiera la propia nación española.
Ahí reside la tragedia de esta decisión. Andalucía no es una región cualquiera para Marruecos. Es la tierra de Al-Ándalus, el crisol donde la cultura árabe, hebrea y cristiana forjó algunos de los capítulos más brillantes de la civilización mediterránea. Renunciar al árabe en las aulas andaluzas no es solo una afrenta a las familias marroquíes que residen allí; es una negación de la propia historia andaluza. Es como si París decidiera suprimir el latín de sus escuelas por considerarlo una lengua extranjera, o como si Roma borrara el griego de sus currículos.
El árabe no llegó a Andalucía en una lancha ayer; estuvo ocho siglos, dejó su huella en la arquitectura, en la agricultura, en la música, en la palabra misma que los andaluces utilizan cada día. Cancelar su enseñanza no fortalece la identidad española; la empobrece.
El acuerdo de gobierno entre PP y Vox habla de «velar por la convivencia» y de promover el respeto a los usos y costumbres de España. Pero la convivencia no se vigila con la censura lingüística; se educa con el diálogo. Un niño que aprende árabe en la escuela no se vuelve menos andaluz; se vuelve más libre, más completo, mejor preparado para un mundo donde el multilingüismo es una ventaja, no una amenaza.
Los estudios de sociolingüística son tajantes: el mantenimiento de la lengua de origen facilita el rendimiento académico en la lengua de acogida, fortalece la autoestima y reduce el abandono escolar. El PLACM, lejos de ser un problema, era una solución silenciosa a un desafío real: cómo integrar sin humillar, cómo incluir sin asimilar a la fuerza.
Para Marruecos, esta decisión es también un aviso diplomático. El programa no era solo una concesión educativa; era la materialización de un compromiso histórico entre dos países separados por trece kilómetros de mar y unidos por siglos de cultura.
Si España permite que partidos xenófobos dicten la política cultural de sus regiones, el daño no será solo interno. Afectará a la percepción de España en el Magreb, a la cooperación en migración, a la lucha conjunta contra el radicalismo —que, precisamente, se combate con educación, no con su supresión—.
La consejera María del Carmen Castillo lo dijo con lucidez hace apenas unos meses: «Excluir a las personas porque no piensen como nosotros, porque no crean como nosotros, es un error».
Es una pena que su propio partido haya decidido, por mero cálculo político, convertir ese error en ley. Andalucía merecía más. Los niños marroquíes que estudian en Almería, en Granada, en Málaga, merecían más. Y la historia, esa testigo muda que algún día hablará, recordará que hubo un momento en que Sevilla prefirió el olvido a la memoria, y la sumisión a la lucidez.
Que no sea definitivo. Que las familias, los docentes, los intelectuales andaluces y las instituciones marroquíes encuentren la manera de que el árabe no desaparezca de las aulas donde ha estado durante cuarenta años. Porque cuando una lengua se calla en la escuela, toda una cultura empieza a susurrar en la tumba. Y Al-Ándalus, con todo lo que significó, no merece ser un susurro.
