Rue20 Español/Rabat
La participación más baja de la historia (20,79%) convierte las legislativas en un termómetro del desencanto ciudadano, mientras el estamento militar sigue tejiendo los hilos del poder, según fuentes locales
La imagen de los colegios electorales vacíos en el centro de la capital argelina durante la tarde del jueves no fue una excepción, sino el reflejo de un fenómeno que ha puesto en jaque la legitimidad del sistema político argelino. Ocho de cada diez ciudadanos con derecho a voto decidieron quedarse en casa, convirtiendo los comicios legislativos del 2 de julio en la cita electoral con la participación más baja de la historia contemporánea de Argelia.
La tasa provisional de participación anunciada por el presidente interino de la Autoridad Nacional Independiente de Elecciones (ANIE), Karim Khelfane, se situó en el 20,79%. Una cifra que ni siquiera alcanzó el ya de por sí modesto 23,03% registrado en las anteriores legislativas de 2021, y que supone un duro revés para las instituciones, que habían centrado sus esfuerzos en superar «ampliamente» aquella marca.
De los más de 24,7 millones de electores convocados, solo 5,05 millones ejercieron su derecho al voto. Las facilidades otorgadas por el Ejecutivo —transporte gratuito, jornada laboral flexible e incluso la prolongación de una hora de la apertura de los colegios— resultaron insuficientes para movilizar a una ciudadanía que, según constataron los observadores, ya había dado la espalda a los actos de campaña.
Este desplome de la participación no puede entenderse sin remontarse a febrero de 2019, cuando el movimiento popular del Hirak irrumpió en la escena política argelina con un clamor unánime: «¡Que se vayan todos!». Millones de ciudadanos salieron a las calles para exigir el fin de la hegemonía de las élites tradicionales y el alejamiento del Ejército de la vida política, logrando la dimisión del entonces presidente Abdelaziz Bouteflika.
Sin embargo, siete años después de aquella marea ciudadana que recorrió todo el país en favor de un Estado de derecho y en contra de la corrupción instalada durante dos décadas, la estructura del poder político permanece prácticamente intacta. El Parlamento argelino sigue siendo percibido por amplios sectores de la población como una mera cámara de registro, desprovista de capacidad real para incidir en las decisiones fundamentales del país.
El entramado político argelino continúa caracterizándose por la estrecha imbricación entre las esferas civil y militar. El general de ejército Saïd Chengriha, ministro delegado de Defensa Nacional y jefe del Estado Mayor del Ejército Nacional Popular, ejerció su derecho al voto en un colegio de Argel, en un gesto que muchos analistas interpretan como la constatación de que la institución castrense sigue siendo un actor central en la escena política.
Desde una perspectiva constitucional comparada, el Parlamento argelino es considerado el más débil de toda la región mediterránea, incluso por detrás del egipcio o del antiguo parlamento sirio. Desde 1976, carece de la facultad de reformar la Constitución, una prerrogativa que sigue siendo competencia exclusiva de la Presidencia de la República. El presidente, además, puede legislar por ordenanza durante los recesos parlamentarios, someter leyes directamente a referéndum o disolver la Cámara Baja.
El proceso electoral ha estado marcado por la controversia. La autoridad electoral inhabilitó a 269 candidatos para la Cámara Baja, incluyendo a antiguos líderes y activistas del Hirak, bajo el argumento de «vínculos con redes financieras ilícitas» y «actividades políticas sospechosas». Organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Human Rights Watch, han denunciado una «espantosa escalada de represión en Argelia», señalando la detención de figuras opositoras y periodistas críticos. La Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos (LADDH) ha calificado estos comicios de «no abiertos, ni transparentes, ni democráticos», advirtiendo que «la represión ya ha descalificado y desacreditado» el proceso electoral.
Para numerosos observadores del Magreb, la abstención masiva no es un mero dato estadístico, sino un mensaje político de gran calado. La decisión de no votar trasciende el rechazo a unos comicios concretos para convertirse en una declaración de principios: la constatación de que el voto, en el actual entramado institucional, no tiene capacidad para generar un cambio perceptible en la vida cotidiana de los ciudadanos.
La crisis económica, la pérdida de poder adquisitivo y el aumento del desempleo han alimentado un caldo de cultivo de frustración que la clase política, tanto la afín al poder como la oposición tolerada, ha sido incapaz de canalizar. Los partidos considerados más críticos, como el Frente de Fuerzas Socialistas (FFS) o la Agrupación por la Cultura y la Democracia (RCD), cuentan con una representación parlamentaria minoritaria y denuncian estar sometidos a constantes obstáculos administrativos.
Desde Rabat, la crisis de representatividad que atraviesa el vecino oriental es observada con atención. La estabilidad del Magreb depende en gran medida de la salud política de sus componentes, y el hundimiento de la participación electoral en Argelia plantea interrogantes sobre la capacidad del régimen argelino para gestionar el descontento social sin recurrir a una mayor dosis de autoritarismo. Para Marruecos, que ha apostado por un modelo de reforma gradual con un Parlamento que ha ido ganando espacios de influencia, el ejemplo argelino subraya los riesgos de un sistema que cierra las puertas a la renovación política y ahoga las aspiraciones de cambio de su ciudadanía.
Con toda probabilidad, el Frente de Liberación Nacional (FLN) y sus aliados revalidarán su mayoría parlamentaria, pero lo harán sobre unas bases de legitimidad cuestionadas por casi el 80% del electorado. La abstención masiva no es el final del ciclo político abierto en 2019, sino una nueva fase, más silenciosa pero igualmente elocuente, de un descontento que busca cauces de expresión más allá de las urnas. El sistema político argelino ha demostrado su capacidad de supervivencia al Hirak, pero el precio pagado —la desconexión casi total con la ciudadanía— amenaza con convertirse en una losa difícil de levantar en los próximos años.
