Rue20 Español/ Madrid
A pesar de todos los rechazos y presiones ejercidas para cesarla, la regularización masiva anunciada por el Gobierno de España ya se ha aprobado hoy martes mediante un real decreto, que permitirá a alrededor de 500.000 inmigrantes en situación irregular obtener la residencia en el país ibérico.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido la decisión asegurando que cuenta con una “triple legitimidad: social, política y económica”, además de respaldo jurídico y de distintos estudios. Según el Gobierno, se trata de personas plenamente integradas en la sociedad española, con hijos escolarizados y presencia activa en la vida cotidiana del país.
Ademas del permiso de trabajo, el decreto permitirá a los beneficiarios a acceder a la Seguridad Social y a la tarjeta sanitaria correspondiente. La autorización inicial tendrá una duración de un año, tras el cual podrán incorporarse al régimen ordinario de extranjería, facilitando así una integración progresiva en el sistema laboral y social.
El Ejecutivo también ha destacado que el proceso se ha diseñado para evitar la saturación de los servicios públicos, y que podrá iniciarse de forma telemática a partir del 16 de abril y presencial desde el 20 del mismo mes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la medida como un acto de normalización y justicia social, subrayando que responde a una iniciativa respaldada por más de 600.000 ciudadanos.
La decisión, como era esperado, ha generado rechazo por parte del Partido Popular, que ha anunciado una ofensiva política y jurídica contra el decreto. La formación conservadora considera que la medida puede provocar un “efecto llamada”, aumentar la presión sobre los servicios públicos y generar inseguridad en la gestión migratoria. También defiende que las regularizaciones deben ser individuales y estrictamente vinculadas al empleo.
