Rue20 Español/Madrid
El último informe “Demandantes de empleo, paro, contratos y prestaciones por desempleo. Marzo 2026”, publicado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, sitúa a los ciudadanos marroquíes como el principal colectivo extranjero receptor de prestaciones por desempleo en España.
Según los datos oficiales, 32.234 personas de nacionalidad marroquí perciben actualmente este tipo de ayudas, lo que equivale al 17,49% del total de beneficiarios extranjeros. Esta cifra coloca a Marruecos en primera posición, por delante de Rumanía, con 29.183 perceptores, e Italia, con 12.991.
El informe, que ofrece una radiografía detallada del sistema de protección por desempleo en el país, indica que el número total de beneficiarios extranjeros asciende a 246.470 personas en febrero de 2026. La cifra se mantiene prácticamente estable respecto al mismo periodo del año anterior, con una variación mínima del -0,0%.
En conjunto, los ciudadanos extranjeros representan el 13,38% del total de personas que reciben prestaciones por desempleo en España, y suponen el 36,14% del conjunto de demandantes de empleo extranjeros.
En el plano económico, el SEPE estima que el gasto asociado a las prestaciones percibidas por extranjeros alcanza los 227.601 millones de euros, lo que supone el 10,1% del gasto total en prestaciones por desempleo. Esta partida experimenta, no obstante, un descenso interanual del -7,1% respecto a febrero de 2025.
El informe también refleja la evolución general del sistema de protección por desempleo en España. Durante febrero de 2026 se registraron 670.740 solicitudes de prestaciones, lo que representa un incremento interanual del 7,5%. En paralelo, las altas tramitadas alcanzaron las 600.845, con un aumento del 8,6% respecto al año anterior.
Uno de los indicadores más destacados es la mejora en la gestión administrativa: el tiempo medio de reconocimiento de las prestaciones se sitúa en 2,46 días, por debajo del registrado en el mismo periodo de 2025, lo que apunta a una mayor agilidad en la tramitación del sistema.
