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El creciente respaldo bipartidista al proyecto H.R. 4119 refleja un giro estratégico en el Congreso de Estados Unidos, donde la opción de una designación terrorista del Frente Polisario gana terreno político e institucional.
La congresista republicana Elise Stefanik, figura destacada del ala más combativa del Partido Republicano y exaspirante a embajadora de Estados Unidos ante la ONU, se ha sumado el 25 de marzo a los cofirmantes del Polisario Front Terrorist Designation Act (H.R. 4119).
Su adhesión eleva a diez el número de legisladores que respaldan una iniciativa que busca designar al Frente Polisario como organización terrorista extranjera, consolidando así una tendencia que, en el Congreso estadounidense, deja de ser marginal para adquirir una dimensión estructural.
Stefanik, exnúmero tres del grupo republicano en la Cámara de Representantes y figura clave en la defensa del presidente Donald Trump durante sus procedimientos de destitución, representa uno de los apoyos más significativos incorporados al texto desde su presentación en junio de 2025. Su firma refuerza el peso político de una propuesta que avanza progresivamente en los círculos legislativos de Washington.
Un debate que se traslada al Senado
En paralelo, una audiencia reciente en el Senado de Estados Unidos sobre la lucha antiterrorista en el norte de África ha puesto el foco en los supuestos vínculos del Frente Polisario con movimientos extremistas activos en la región del Sahel, incluidos actores asociados a Irán y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), designado por Washington como organización terrorista extranjera.
Este marco discursivo ha contribuido a reforzar la narrativa que rodea al proyecto legislativo, situando el debate en el terreno de la seguridad internacional y la lucha contra el terrorismo.
Consenso bipartidista en expansión
Presentado en junio de 2025 por el republicano Joe Wilson y el demócrata Jimmy Panetta, el H.R. 4119 se apoya desde su origen en una configuración bipartidista poco habitual en un Congreso altamente polarizado. Esta convergencia entre republicanos y demócratas refleja, según sus impulsores, una lectura compartida sobre los riesgos de seguridad asociados al Polisario.
Desde el otoño de 2025, el texto ha ido acumulando apoyos de manera sostenida. A la adhesión de Randy Fine en octubre le siguieron las de Lance Gooden en diciembre, Pat Harrigan en febrero, así como Zachary Nunn y Don Bacon en marzo. La incorporación de este último, ex general de brigada de la Fuerza Aérea estadounidense, ha reforzado la dimensión estratégica y militar del debate.
A ellos se suman Claudia Tenney, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores, Jefferson Shreve y Mario Diaz-Balart, consolidando una coalición parlamentaria que abarca distintas regiones y sensibilidades políticas del país.
Mecanismo legislativo con implicaciones ejecutivas
Más allá del simbolismo político, el texto introduce un mecanismo de presión directa sobre el Ejecutivo estadounidense.
El proyecto solicita al Secretario de Estado una determinación formal sobre la posible inclusión del Polisario en la lista de organizaciones terroristas extranjeras, en un plazo de 90 días tras su eventual aprobación.
Asimismo, el Secretario del Tesoro debería evaluar la aplicación de sanciones en el marco de la Ley Global Magnitsky y la Orden Ejecutiva 13224, orientada a combatir la financiación del terrorismo internacional. Un informe adicional, previsto a los 180 días, examinaría posibles vínculos del movimiento con actores externos como Irán, Rusia, Hezbolá, el CGRI o el PKK.
La dimensión política del Sáhara marroquí
El texto incorpora además una cláusula de alcance político que condiciona la posible suspensión de sanciones a la participación del Frente Polisario en negociaciones basadas en el plan de autonomía propuesto por Marruecos en 2007, bajo el marco de la soberanía del Reino sobre el Sáhara.
Desde el reconocimiento por parte de la administración Trump en diciembre de 2020 de la soberanía marroquí sobre el territorio, el enfoque de Washington ha experimentado una evolución sustancial. El H.R. 4119, aún en examen en las comisiones de Asuntos Exteriores y de Justicia de la Cámara de Representantes, se inscribe en esa dinámica de redefinición estratégica.
Mientras el debate continúa en el Congreso, la acumulación de apoyos legislativos sugiere que el proyecto ha dejado atrás su condición inicial de iniciativa periférica para convertirse en un elemento cada vez más estructurante del debate de política exterior estadounidense.
