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El Consejo de Gobierno, presidido este jueves por Aziz Akhannouch, aprobó un conjunto de proyectos normativos relacionados con la organización de las elecciones de los miembros de la Cámara de Representantes, entre los que destaca la actualización al alza del tope de gastos electorales para los candidatos.
En este marco, el Ejecutivo dio luz verde al proyecto de decreto número 2.26.279, que modifica y complementa el decreto 2.16.668 relativo al límite de gastos en campañas electorales. La principal medida introducida es el aumento del techo de gasto, que pasa de 500.000 a 600.000 dírhams por candidato o candidata, con el objetivo de adaptarse a la evolución del volumen de los costes durante las campañas electorales.
Asimismo, el Consejo aprobó el proyecto de decreto 2.26.278, que modifica el decreto 2.11.605 de 2011 sobre la forma y el contenido de la papeleta de voto única para la elección de los miembros de la Cámara de Representantes. La reforma busca ajustar el diseño de la papeleta y mejorar la ordenación de las listas de candidatos en elecciones generales y parciales.
En el ámbito sectorial, el Consejo de Gobierno también adoptó el proyecto de ley 36.23, que modifica la ley 14.08 relativa a la venta mayorista de pescado. Esta iniciativa se enmarca en la reforma progresiva del sistema legal del sector pesquero y pretende corregir las deficiencias detectadas en la aplicación de la normativa vigente, así como garantizar condiciones más adecuadas para la actividad comercial mayorista de productos del mar. Entre sus medidas figuran la revisión de las condiciones de licencia, la definición de su periodo de validez y la actualización de los requisitos para los comerciantes mayoristas.
El texto prevé además un periodo de transición para que los titulares de licencias anteriores puedan sustituirlas por nuevas autorizaciones conforme al nuevo marco legal.
Finalmente, el Consejo examinó un acuerdo de asistencia judicial en materia penal entre Marruecos y la República Socialista de Vietnam, firmado en Hanói el 25 de octubre de 2025, junto con el proyecto de ley 021.26 que lo aprueba, presentado por el Ministerio de Justicia en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores.
