Rue20 Español/ Madrid
El Gobierno español atraviesa uno de los momentos más delicados desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. Una sucesión de presuntos casos de corrupción y denuncias de acoso sexual que afectan a cargos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha provocado un notable desgaste del Ejecutivo y ha reabierto el debate sobre la viabilidad de la legislatura.
Pese a este contexto adverso, el presidente del Gobierno ha descartado, por el momento, un adelanto electoral. Sánchez sostiene que su Ejecutivo ha actuado con “contundencia” ante las conductas irregulares y denuncia la existencia de campañas de “acoso y desinformación”, un fenómeno que ha vuelto a describir como “fango”. Su objetivo declarado sigue siendo completar el mandato hasta 2027, segun informa la prensa ibérica.
La crisis ha generado inquietud entre los socios parlamentarios que sostienen al Gobierno. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha advertido de que, si no se logra frenar el flujo constante de escándalos, el Ejecutivo debería plantearse seriamente la convocatoria de elecciones anticipadas. En una línea similar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha elevado el tono y ha exigido “hechos concretos” frente a los casos de corrupción y acoso sexual, rechazando asumir un apoyo incondicional al PSOE.
El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha acordado mantener una reunión con Sánchez en La Moncloa, en lo que será el primer encuentro presencial entre ambos desde la investidura. Desde el partido catalán reconocen un profundo malestar y admiten que la acumulación de escándalos ha marcado un punto de inflexión en su relación con el Ejecutivo, aunque evitan anticipar una retirada inmediata de su apoyo.
Consciente de que su permanencia en el poder depende en gran medida del respaldo de las fuerzas nacionalistas vascas y catalanas, el Gobierno ha intensificado los gestos políticos hacia estos socios. Entre las iniciativas anunciadas figura la solicitud para que Cataluña y el País Vasco obtengan el estatus de miembros asociados en organismos internacionales como la Unesco y la Organización Mundial del Turismo, así como la publicación de las balanzas fiscales de las comunidades autónomas conforme a una metodología pactada con Junts.
Otras formaciones de la izquierda, como Podemos, cuestionan abiertamente la sostenibilidad del Ejecutivo y consideran que los escándalos han debilitado gravemente su credibilidad política. Desde esta formación se sostiene que la combinación de corrupción, denuncias de machismo y falta de avances en políticas sociales clave ha erosionado la base del Gobierno.
Frente a este panorama, Sánchez insiste en transmitir una imagen de estabilidad institucional y continuidad. En su balance de fin de año, el presidente destacó los indicadores económicos, la creación de empleo y las inversiones públicas, y anunció la puesta en marcha de un abono único de transporte de ámbito nacional. También descartó una remodelación profunda de su gabinete, limitando los cambios a ajustes puntuales ligados a procesos electorales autonómicos.
En el plano estratégico, el jefe del Ejecutivo continúa apelando al riesgo que, a su juicio, supondría un gobierno de la derecha y la extrema derecha en España, un argumento recurrente en su discurso político. Sin embargo, este mensaje parece perder eficacia entre algunos de sus socios, que reclaman respuestas más concretas a la crisis actual.
Mientras tanto, el Ejecutivo intenta mantener el rumbo en un contexto de creciente presión política e institucional. La evolución de las relaciones con sus aliados parlamentarios y la gestión de los escándalos en curso serán determinantes para saber si el Gobierno logra completar la legislatura o si, por el contrario, se verá obligado a replantear su hoja de ruta en los próximos meses.
