Rue20 Español/ Madrid
El Tribunal Supremo de España ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados, en relación con la difusión de un correo electrónico en el que se reconocía, en nombre de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la comisión de dos delitos fiscales. La sentencia, calificada de histórica en la etapa democrática española, obliga a García Ortiz a abandonar la jefatura de la Fiscalía General del Estado, cargo al que accedió en julio de 2022.
El fallo del alto tribunal llega tras un juicio inédito en España, ya que es la primera vez que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo de los acusados. El Supremo ha adelantado el sentido de la resolución, que aún está pendiente de redactarse en su integridad, por lo que todavía no se ha precisado si la condena se vincula concretamente a la presunta filtración del correo del abogado de González Amador o a la nota de prensa oficial en la que se detallaba el contenido de ese mensaje y cuya autoría asumió públicamente el propio García Ortiz.
La sentencia impone a García Ortiz una pena de multa de 12 meses, con una cuota diaria de 20 euros —lo que suma los citados 7.200 euros—, así como la inhabilitación especial para el desempeño del cargo de fiscal general y funciones relacionadas durante dos años. Asimismo, el Supremo ordena el pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular ejercida por González Amador, y fija una indemnización de 10.000 euros a su favor en concepto de daños morales.
La decisión del Supremo supone un duro golpe para el Gobierno y ha generado un fuerte impacto político e institucional, después de que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, defendiera públicamente a García Ortiz meses atrás. En una comparecencia en diciembre del año pasado, Sánchez cuestionó las acusaciones contra el fiscal general y llegó a plantear si no habría que “reparar” su imagen, al considerar que “no había nada contra él”, en alusión a un informe de la Guardia Civil (UCO) que, según dijo entonces, no contenía pruebas incriminatorias.
En aquel momento, el presidente del Gobierno criticó los “ríos de tinta” publicados por medios conservadores y las demandas de dimisión procedentes de la oposición. “Ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores diciendo que el Fiscal General tenía que dimitir. Y resulta que hoy, en el informe de la Guardia Civil se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave que han hecho medios de comunicación y partidos políticos de la oposición. Nada más y nada menos que a la reputación del Fiscal General. Y la pregunta es quién va a pedir disculpas? Quién va a pedir perdón al Fiscal General del Estado?”, afirmó Sánchez entonces.
Sin embargo, la posición del Tribunal Supremo contrasta con aquellas palabras. En su fallo, cinco de los siete magistrados de la Sala consideran que García Ortiz incurrió en el delito de revelación de datos reservados previsto en el artículo 417.1 del Código Penal, mientras que lo absuelven del resto de delitos objeto de acusación. Los objetos intervenidos durante los registros practicados en la causa deberán ser devueltos a sus titulares o, en su caso, destruidos, según recoge la resolución. La pena impuesta es, no obstante, sensiblemente menor que la solicitada por las acusaciones, que reclamaban hasta 12 años de inhabilitación y seis años de prisión.
La decisión ha sido adoptada por mayoría y contará con el voto particular de dos de las siete magistradas, Ana María Ferrer García y Susana Polo García, ambas pertenecientes al sector considerado progresista. Polo era, además, la magistrada encargada inicialmente de redactar la ponencia de la sentencia, pero su discrepancia ha obligado a que sea el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, quien asuma finalmente la redacción del texto definitivo.
Tras conocerse el fallo, voces críticas han recordado ahora las declaraciones pasadas de Pedro Sánchez. La periodista Elena Gijón, en ‘Noticias Mediodía’, subrayó que “no era verdad, como decía el presidente, que el informe de la UCO dijera que el fiscal general debía ser exculpado” y añadió que tampoco era cierto que ese informe afirmara que “no había pruebas”. A la luz de la condena, Gijón planteó nuevas preguntas: “¿Quién va a pedir disculpas a la UCO? ¿Quién va a pedir disculpas a la Justicia?”. Mientras tanto, García Ortiz mantiene su inocencia, insiste en que “la verdad no se filtra, se defiende” y aún puede promover un incidente de nulidad de actuaciones ante el propio Supremo, paso previo para recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional.
