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La represión sistemática en Argelia va a aumentar de manera violenta en 2022, advirtió el Partido de los Trabajadores (PT), una de las formaciones políticas de oposición más influyentes en ese país.
«Cerca de 300 detenidos políticos y de opinión, miles de víctimas de la arbitrariedad, el recurso abusivo a la detención preventiva muy larga, decenas de detenciones por día», deploró el PT en su informe político de la última sesión ordinaria del Comité Central.
El PT también ha denunciado procesos que no responden a ninguna norma de derecho, condenas irreales desde hace dos años, incluso después del levantamiento del confinamiento, la privación incomprensible de todos los detenidos de la cesta cada dos semanas, un derecho garantizado por la ley, calificando de inhumanas las condiciones alimentarias y sanitarias en las cárceles por falta de presupuesto.
Haciendo un balance negro de la situación de los derechos humanos en Argelia, el informe presentado por la secretaria general del partido, Louisa Hanoune, denuncia «un desastre en el terreno de las libertades», mencionando otros «desastres» en el plano social, sanitario y económico.
En este sentido, advirtió contra una mayor ira popular «porque la paciencia humana tiene límites».
«El año 2021 fue marcado por una ofensiva sin precedentes contra el multipartidismo y el derecho a la organización política en general. Se ha dictado una sentencia judicial contra la asociación juvenil RAJ y dos partidos políticos registrados, el PCU y el PST, corren el riesgo de tener la misma suerte», denunció.
Según este partido de la oposición, «el proceso de cuestionamiento de los derechos políticos conquistados gracias al sacrificio de 500 jóvenes en octubre de 1988, iniciado por las enmiendas liberticidas introducidas en el código penal en 2020 a favor del encierro, se aceleró en 2021 y se agravó peligrosamente con medidas de emergencia generalizadas que confiscan y criminalizan la libertad de opinión, de prensa, de conciencia e incluso de investigación científica, la libertad de manifestación y, más recientemente, la ley que criminaliza las concentraciones, incluso en torno a reivindicaciones sociales, que constituye una amenaza directa al derecho de huelga.
Mientras se multiplican las detenciones desde la clasificación del Movimiento por la Autodeterminación de la Cabilia (MAK) y del movimiento Rachad como organizaciones terroristas, el partido denuncia «una instrumentalización de la lucha contra el terrorismo».
Ha estimado que con la orientación antisocial en curso y cuya agravación se espera a partir de enero de 2022 por la entrada en vigor de la Ley de Finanzas mortífera que provocará grandes trastornos en la sociedad, cuya aplastante mayoría caerá en la miseria, nadie puede prever los desarrollos futuros, advirtió.
«Cuando ya no se pueda dar pan y leche a los niños, sí, nadie puede predecir la legítima reacción popular, porque este Gobierno está llevando al límite a la inmensa mayoría». MAP
