Rue20 Español/El Aaiún
Las relaciones entre Argelia y Francia se han visto empañadas en las últimas semanas por una nueva crisis, conocida como la «guerra de visados».
Las fuertes declaraciones de los funcionarios franceses han provocado una escalada de tensión, lo que ha llevado a Argelia a denunciar la influencia del «extrema derecha vengativa» en la configuración de las políticas francesas hacia su país.
Estas declaraciones no son más que una extensión de un expediente espinoso y complejo que refleja las relaciones bilaterales, que llevan décadas experimentando altibajos debido a una herencia histórica cargada, conflictos políticos e intereses enfrentados; especialmente tras el reciente reconocimiento por parte de París de la marroquinidad del Sáhara.
La chispa del último deterioro se produjo tras el anuncio de París, en julio pasado, de su apoyo total a la iniciativa de autonomía en el Sáhara marroquí, considerándola la solución más realista y racional para poner fin al conflicto artificial en torno a este territorio.
Esta postura francesa enfureció a Argelia, que considera la cuestión del Sáhara como estratégica, lo que contribuyó a ahondar la brecha entre ambos países, sobre todo porque el presidente francés Emmanuel Macron, durante su visita al Reino, calificó la postura francesa como «arraigada en la historia, respetuosa con la realidad y mirando hacia el futuro»; anunciando que su país «la pondrá en marcha para acompañar a Marruecos en las instituciones internacionales».
La situación se complicó aún más para las relaciones franco-argelinas con la detención del escritor franco-argelino Boualem Sansal en Argelia, así como la detención de destacadas personalidades argelinas y franco-argelinas en Francia acusadas de incitación a la violencia, lo que alimentó la creciente tensión entre ambas partes.
En este contexto, el ministro del Interior francés, Bruno Retailleau, declaró la necesidad de tomar medidas «fuertes», considerando que el equilibrio de poderes es la única vía para el éxito, y pidió la revisión del acuerdo de 1968 que regula las condiciones de entrada de los argelinos en Francia; asegurando que Argelia no entrega el número suficiente de permisos consulares necesarios para la expulsión de los inmigrantes.
Cabe destacar que el expediente migratorio ha sido siempre una sensible carta de presión en las relaciones bilaterales.
En 2021, Francia ya redujo considerablemente el número de visados concedidos a los argelinos, así como a los marroquíes y tunecinos, alegando la falta de cooperación de sus gobiernos en la readmisión de los inmigrantes expulsados.
La medida francesa de entonces provocó una ola de malestar diplomático en Argelia, Marruecos y Túnez, donde se consideró una medida arbitraria que perjudicaba a las antiguas colonias francesas, cuya presencia en Francia, a través de sus comunidades inmigrantes, representa un peso considerable.
En este sentido, la experta política Farida SOUIAH, del EM Lyon, declaró a la agencia de noticias francesa que esta crisis forma parte de «dinámicas globales más amplias», en las que las cuestiones migratorias se utilizan como herramientas diplomáticas por parte de muchos países, como Estados Unidos, que hizo de la inmigración uno de los ejes de las políticas del expresidente Donald Trump.
En la misma línea, el senador de la oposición y defensor del medio ambiente, Akli Mellouli, expresó su preocupación por la situación actual, señalando que la obtención de visados se ha vuelto muy difícil, y apuntó que «no ve cómo pueden evolucionar las cosas, y si llegaremos a una fase de cero visados, pero seguro que afectará a todos»; también destacó que el clima político actual «amenaza con crear un ambiente dividido y tenso dentro de la sociedad francesa», en un contexto de creciente tensión entre la comunidad argelina y la sociedad francesa en general.
Mellouli señaló que las repetidas críticas de Argelia a Francia, que a veces adoptan un tono insultante, especialmente hacia la derecha y la extrema derecha, no son más que «mensajes dirigidos a los herederos de la organización clandestina que se opuso violentamente a la independencia de Argelia», y recordó que la guerra de independencia argelina provocó la muerte de cientos de miles de argelinos, y que su recuerdo sigue avivando los ánimos en ambos bandos.
Por su parte, Serge Slama consideró que la rescisión del acuerdo de 1968 que regula las relaciones entre ambos países, a pesar del apoyo popular que tiene en Francia (según una encuesta de opinión publicada en enero, el 71% de los franceses tienen una imagen negativa de Argelia, y el 61% está a favor de la anulación del acuerdo), es algo «totalmente irreal» debido a las complicaciones legales que podría acarrear. Insistió en que «la única solución es la negociación, pero la negociación requiere una voluntad real de ambas partes».
En este contexto, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, expresó a principios de enero la disposición de su país a utilizar los visados como una de las «herramientas diplomáticas disponibles», y se mostró dispuesto a realizar una visita a Argelia para mantener conversaciones encaminadas a aliviar las tensiones.
Sin embargo, reconoció posteriormente que la retirada del acuerdo de 1968 no es una «solución mágica», y abogó por el diálogo como vía para superar las diferencias.
Por su parte, Argelia ha afirmado en un comunicado de su Ministerio de Asuntos Exteriores que «no se ha embarcado en una lógica de escalada, ni de sobrepuja, ni de humillación», pero ha insistido en que «la extrema derecha francesa, conocida por su discurso de odio y venganza, está llevando a cabo una campaña de desinformación y difamación sistemática contra Argelia».
A pesar de este tono duro, Slama advierte que la escalada podría llevar a Argelia a suspender la validez de los pasaportes diplomáticos franceses, lo que complicaría aún más las relaciones bilaterales.
Esto significa que la actual controversia entre Argelia y Francia no sólo refleja una crisis política pasajera, sino que pone de manifiesto líneas de división más profundas y arraigadas en la historia, en las que la inmigración y los visados se utilizan como herramientas de presión diplomática en un enfrentamiento que no está exento de riesgos para las comunidades y los intereses comunes de ambos países.
