Rue20 Español/ Rabat
El reportaje publicado por Le Point sobre los intentos del régimen militar argelino de desestabilizar a Francia a través de sus consulados, mezquitas y redes sociales pone de relieve un modus operandi que trasciende sus fronteras. Estas prácticas, profundamente arraigadas en una estrategia de control autoritario, representan un claro desafío para la soberanía y estabilidad del país anfitrión.
Los consulados argelinos, presentes en 20 ciudades francesas, desempeñan un papel central en el seguimiento de la diáspora, organizando actividades sociales y ejerciendo presión sobre opositores. La Gran Mezquita de París, alineada con los intereses del régimen, supervisa un vasto número de mezquitas y gestiona un monopolio económico a través de la certificación halal, lo que permite al gobierno recaudar millones de euros destinados a reforzar su presencia e influencia en Francia.
Las redes sociales se han convertido en una herramienta clave del régimen para difundir propaganda, alimentar el sentimiento antifrancés y acosar a opositores. Figuras críticas en el exilio, como Ghilas Aïnouche y miembros del Movimiento para la Autodeterminación de la Cabilia (MAK), han sufrido acoso constante y campañas de difamación. Este hostigamiento demuestra cómo el régimen argelino extiende su represión más allá de sus fronteras, utilizando la diáspora como instrumento de manipulación política.
El uso de influenciadores alineados con el régimen es otra táctica que busca exacerbar tensiones internas y proyectar un nacionalismo agresivo. A través de mensajes incendiarios y narrativas victimistas, estos actores intentan movilizar a las comunidades emigradas para consolidar la posición del régimen, mientras desvían la atención de la grave crisis económica, el desempleo y la corrupción que afectan a Argelia.
Francia ha permitido que estas prácticas se desarrollen con relativa impunidad. La actitud conciliadora hacia Argelia, impulsada por la búsqueda de estabilidad en las relaciones bilaterales, ha resultado en un vacío político que favorece la injerencia argelina. Esta pasividad compromete la cohesión interna del país y limita su capacidad para responder a un régimen que opera al margen de los principios democráticos.
La comunidad internacional debe actuar con firmeza frente a estas maniobras. Permitir que un régimen autoritario opere de esta manera en suelo extranjero amenaza los valores fundamentales de libertad, soberanía y justicia. Es necesario exigir responsabilidades al gobierno argelino, tanto por estas prácticas de injerencia como por su impacto en las democracias que luchan por mantener la estabilidad frente a estrategias desestabilizadoras. Francia, como parte esencial de Europa, debe liderar esta respuesta y garantizar que sus principios democráticos no se vean comprometidos por los intereses de un régimen que busca perpetuar su control mediante la manipulación y la represión.
