Rue20 Español/ Fez
Con el objetivo de controlar los medios de comunicación con mano de hierro, el ministro argelino de Comunicación, Mohamed Meziane, destacó durante una conferencia titulada “La política mediática del Ministerio para afrontar los desafíos que afectan al frente interno”, el peligro de confiar en fuentes no oficiales, subrayando la necesidad de evitar la desinformación y preservar la cohesión social.
Las redes sociales en el país vecino se han convertido en una pesadilla para el régimen, que se siente cada vez más inseguro ante el descontento popular expresado en estas plataformas. Un ejemplo es la campaña “Manish_Radi”, que se traduce como No estoy satisfecho.
El gobierno argelino ha adoptado políticas para fortalecer los medios oficiales, localizando sitios web y modernizando la infraestructura de comunicaciones, evitando así cualquier colapso que pudiera desencadenar un «Season Two» del Hirak.
Además, el gobierno ha legislado la penalización de la difusión de noticias falsas con penas de cárcel de hasta tres años. Como consecuencia, los periodistas se encuentran en la línea de fuego, enfrentando solos la censura y los riesgos legales al abordar temas sensibles como la corrupción y el movimiento Hirak.
La Ley de Información de 2023 prohíbe a los ciudadanos con doble nacionalidad poseer medios de comunicación y restringe la financiación extranjera. Esta ley facilitó la detención del escritor franco-argelino Boualem Sansal y de otros periodistas acusados de ser agentes extranjeros, evidenciando la represión contra voces críticas.
Con estas restricciones, Argelia ocupa el puesto 139 de 180 en el índice de libertad de prensa, según Reporteros Sin Fronteras.
El vecino oriental ya no tiene límites: el Decreto 20-332 regula desde 2020 el periodismo en internet, restringiendo la difusión de información independiente y promoviendo exclusivamente la narrativa oficial. Para mejorar su imagen, el régimen recurre a teorías conspirativas para desacreditar a los medios independientes, acusándolos de ser instrumentos de desestabilización promovidos por países extranjeros.
Según un informe de la revista Atalayar, activistas y sus familias enfrentan intimidaciones y procesos judiciales basados en acusaciones infundadas, contradiciendo los principios de libertad promovidos por instituciones de la ONU.
