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Las consecuencias negativas de la suspensión del acuerdo de pesca con Marruecos se hacen cada vez más visibles para los profesionales españoles en la región de Andalucía. Estos han expresado su preocupación por la pérdida de acceso a las aguas marroquíes, tras la suspensión del acuerdo en julio de 2023 por decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La Federación Andaluza de Asociaciones de Pesca (FAAPE) ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una «intervención urgente» para encontrar una solución a la difícil situación que atraviesan los profesionales del sector tras la pérdida del acuerdo de pesca con Marruecos, según informa a prensa española.
Las mismas fuentes añaden que los profesionales de la pesca en Andalucía, especialmente la flota de Barbate, siguen esperando que el Gobierno español cumpla sus promesas de ayudas económicas para compensar las pérdidas sufridas por la suspensión de sus actividades de pesca en aguas marroquíes.
Estos acontecimientos ponen de manifiesto la gran importancia que tenía el acuerdo de pesca para los pescadores españoles, que podían faenar en aguas marroquíes, lo que les permitía aumentar las cantidades de pescado capturado de forma mensual y anual, contribuyendo a mejorar sus ingresos.
En cuanto al acuerdo de pesca entre Marruecos y la Unión Europea, la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tamara Capetta, reveló el 21 de marzo de 2024 las conclusiones de sus revisiones y recomendó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que mantuviera la anulación del acuerdo.
La misma abogada general solicitó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que desestimara los recursos presentados por la Unión Europea y la Comisión Europea, que pedían la anulación de la sentencia anterior; y, por tanto, la posibilidad de celebrar un nuevo acuerdo con Marruecos que incluyera el territorio del Sáhara marroquí en el sector de la pesca, dado que Marruecos se niega a cualquier renovación del acuerdo que no incluya su territorio saharaui.
Las partes europeas que recurrieron la sentencia anterior ante el tribunal presentaron pruebas de que la celebración del acuerdo con Marruecos en materia de pesca, e incluso de agricultura, incluyendo el territorio del Sáhara, se realiza con el consentimiento de la población del territorio, a diferencia de lo que afirma el Frente Polisario, que fue el responsable de la anulación del acuerdo tras recurrirlo, alegando que representaba al «pueblo saharaui» y que la firma del acuerdo se había realizado sin el consentimiento de los representantes oficiales de la población del territorio.
Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desestimó los recursos, por lo que la decisión de anular el acuerdo se mantuvo, lo que convierte a los pescadores españoles en los más perjudicados por esta decisión, ya que eran los que obtenían el mayor número de licencias para pescar en aguas territoriales marroquíes.
Las partes europeas, y en particular las españolas, no han encontrado ninguna fórmula nueva para renovar el acuerdo con Marruecos, dado que este último se niega a cualquier acuerdo que no incluya el territorio del Sáhara marroquí, y al mismo tiempo muchos consideran que la no renovación del acuerdo beneficia más a Marruecos, ya que da la oportunidad a los pescadores marroquíes de aumentar las cantidades de pescado capturado, y por tanto de aumentar las exportaciones al exterior.
