Rue20 Español/Madrid
El Gobierno de España ha reafirmado su postura en defensa de la legalidad del acuerdo pesquero con Marruecos, a pesar de las recientes conclusiones de la Abogada General de la Unión Europea [UE] que recomiendan su posible anulación.
Esta situación ha generado un intenso debate en torno a la validez del pacto y sus implicaciones para las relaciones entre Marruecos, España, y la UE, tal como indica Cadena COPE.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha manifestado que «las conclusiones de la Abogada General de la Unión Europea [UE] a favor de anular el acuerdo pesquero con Marruecos no son definitivas», recogiéndose por el mismo medio español.
Planas ha defendido enérgicamente la legalidad del protocolo, afirmando que «pensamos que el acuerdo concluido en 2019 era legal y de acuerdo al Derecho comunitario e internacional».
Es importante destacar que las conclusiones de la Abogada General de la UE no son vinculantes; sino que «ilustran jurídicamente» al Tribunal de Justicia de la UE para que adopte sus sentencias finales.
Planas ha recordado que «unas veces los jueces siguen el criterio del Abogado General y otras no».
En este sentido, el Gobierno español se mantiene a la espera de la sentencia definitiva del Tribunal de Justicia de la UE, que determinará el futuro del acuerdo pesquero con Marruecos.
Según Planas, «estamos en contacto estrecho con la Comisión Europea para responder a cualquier escenario que pueda surgir de la sentencia y de los dictámenes de los próximos meses».
El acuerdo pesquero entre Marruecos y España es de vital importancia para ambos países; ya que regula la actividad pesquera en aguas marroquíes, en el Sáhara marroquí.
Su anulación podría tener consecuencias económicas y diplomáticas significativas.
Para España, el pacto garantiza el acceso de su flota pesquera a caladeros estratégicos; mientras que para Marruecos representa una fuente de ingresos y una oportunidad para fortalecer sus relaciones con la UE.
En definitiva, el Gobierno español mantiene su firme defensa de la legalidad del acuerdo pesquero con Marruecos, a pesar de las recomendaciones de la Abogada General de la UE.
Las autoridades españolas aguardan la sentencia definitiva del Tribunal de Justicia de la UE, con la esperanza de que se respalde la validez del pacto y se preserven los intereses económicos y diplomáticos de ambos países.
