Rue20 Español/ Rabat
Los participantes en el 8º Foro Parlamentario Internacional sobre la Justicia Social afirmaron, el lunes en Rabat, que la garantía del trabajo decente depende del compromiso de todos los actores, tanto económicos como políticos y de la sociedad civil, en la realización de la justicia social y espacial.
Durante este encuentro, organizado bajo el alto patrocinio de SM el Rey Mohammed VI, los ponentes subrayaron que este compromiso colectivo puede favorecer la creación de un entorno propicio para mejorar las oportunidades de empleo, que representa el objetivo 8 de los ODS, haciendo hincapié en el estrecho vínculo entre la protección social y el trabajo decente.
En este contexto, la presidenta del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Amina Bouayach, indicó que lograr el trabajo decente requiere esfuerzos integrados por parte de todas las partes interesadas, incluidos el gobierno, las instituciones concernidas, las empresas y la sociedad civil, mediante la adopción de leyes destinadas a proteger los derechos de los trabajadores, promover el trabajo decente, luchar contra todas las formas de discriminación de género y lograr la justicia social y espacial.
Asimismo, subrayó la importancia de la legislación como elemento crucial para garantizar el trabajo decente y lograr un equilibrio entre la protección de los trabajadores y la promoción de la economía.
La cooperación internacional y regional en favor del trabajo decente es de gran importancia para hacer frente a estos retos, en particular mediante el intercambio de experiencias y conocimientos y el desarrollo de estrategias comunes, lo que permitiría a los países y a las organizaciones regionales trabajar juntos para combatir todas las formas de discriminación y promover oportunidades de empleo decente para los jóvenes, añadió.
Organizado por la Cámara de Consejeros en colaboración con el CESE, el 8º Foro Parlamentario Internacional sobre Justicia Social, se inauguró el lunes en Rabat, con el objetivo de proponer enfoques parlamentarios susceptibles de garantizar y reforzar el trabajo decente, tanto cualitativa como cuantitativamente, como una de las bases para consolidar la justicia social y consagrar los pilares del Estado del bienestar, de acuerdo con las altas orientaciones reales.
