Rue20 Español/ Fez
Walid El Moumen
El parlamento brasileño aprobó este martes el proyecto de un acuerdo de cooperación que facilita las inversiones entre Marruecos y Brasil.
las dos partes seguirán un marco institucional para facilitar las inversiones y un mecanismo de diálogo, mitigación de riesgos y prevención de disputas, según lo revelado por el sitio web de la Cámara de Diputados de Brasil (Agência Câmara de Notícias) a través del PDL 167/23.
“Las inversiones pueden realizarse en acciones, bonos (excluyendo deuda del país), bienes muebles o inmuebles, derechos de propiedad, concesiones otorgadas por ley, obligaciones, derechos de crédito o derechos de propiedad intelectual”, indicó Agência Câmara de Notícias.
Los términos estipulados en este acuerdo establecen que cada parte, en la medida de lo posible, debería crear condiciones favorables para que los inversores de la otra orilla del Océano Atlántico realicen sus inversiones en su territorio.
Es más, el texto enfatiza la importancia de que ambas partes eviten adoptar medidas arbitrarias o discriminatorias con respecto a la gestión, mantenimiento, uso o venta de inversiones en su territorio. Todo esto apunta a favorecer el intercambio entre los dos países, y animar a los inversores para revolucionar los mercados de los dos países.
Asimismo, el acuerdo engloba algunos puntos relacionados con la seguridad jurídica. Aquí, se trata de las expropiaciones o nacionalizaciones, que, conforme al texto, solo pueden ocurrir si se cumplen las siguientes condiciones:
– Para fines públicos o de conformidad con el interés general;
– no discriminatorio;
– acompañado del pago real de la indemnización;
– pérdidas por conflicto
El acuerdo también garantiza la protección de los derechos de los inversores de la otra parte en caso de que, en el territorio de uno de los países, se produzcan pérdidas para un inversor debido a situaciones como guerra u otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección, disturbio u otro evento similar.
Un comité conjunto se encargará de la administración y examinará cualquier asunto que pueda afectar el buen funcionamiento del acuerdo, teniendo en consideración cuestiones relacionadas con la responsabilidad social corporativa, la preservación del medio ambiente, la salud y seguridad públicas, el respeto a los derechos humanos (incluidos los derechos de los trabajadores) y la lucha contra la corrupción, según Agência Câmara de Notícias.
