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Quién la hace la paga, y a veces la paga muy caro. Así es el caso de la exministra española de Exteriores, Arancha Laya González, desde su salida del Gobierno español en julio pasado.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, “se prescindió de su núcleo duro en un intento de salvar la legislatura”. Laya formaba parte de ese núcleo duro antes de que fuera sacrificada. Ahora se convirtió en una imputada en el llamado “Caso Gali”.
La Justicia española ha vuelto a dar dos golpes duros a los implicados en el Caso Gali. Dos bombazos judiciales: primero, el titular del juzgado de instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, rechazó archivar el “ Caso Laya” o, mejor dicho, la causa contra Laya, afirmando que la investigación sigue abierta.
Segundo, el Poder Judicial ha dejado muy claro que la presunta “República Árabe Saharaui Democrática no está reconocida por ninguno de los Estados del espacio Schengen”, es decir, la entrada de su presunto líder a España como ‘alto diplomático’ no tiene ninguna justificación ni prueba jurídica, sino política, pero para la Justica no cuenta lo político ni mucho menos lo secreto.
La exministra compareció el 4 de octubre actual ante el titular del juzgado de instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, como investigada en el “Caso Gali” (La entrada clandestina y bajo identidad falsa a España por el aeropuerto de Zaragoza de Brahim Gali el 18 de abril 2021).
Ocho días después, el juez Rafael Lasala rechaza archivar la causa, ya que ve indicios de delito y da por hecho que se incumplió el código europeo de fronteras para acoger a Gali, según el diario El País.
La misma Laya que se no cansa de hablar en público de la legalidad, la viola en secreto. “El juez ha desestimado la petición de la Abogacía del Estado –que representa a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya y a su exjefe de Gabinete, Camilo Villarino— para que archive la causa por inexistencia de delito. El titular del juzgado de instrucción número 7 de Zaragoza no alega que aún hay diligencias pendientes, sino que expone una serie de indicios que avalarían la existencia de los delitos de prevaricación, encubrimiento y falsedad documental por los que se presentó la denuncia”, explica El País.
El juez señala que la exención de sellar el pasaporte se refiere a los jefes de Estado o personalidades cuya llegada haya sido previamente anunciada “de manera oficial por vía diplomática”.
En el caso de Gali, agrega, “no se da ninguna de las circunstancias pues la República Árabe Saharaui Democrática [de la que es presidente] no está reconocida por ninguno de los Estados del espacio Schengen”, la consideración de “personalidad” no es la prevista por el reglamento y su llegada “aunque anunciada por vía diplomática, no lo ha sido de modo oficial precisamente por el carácter reservado y discreto que se le quiso otorgar”.
La exministra y sus posibles socios se enfrentan también al delito de facilitar la falsificación de documenals al obtenerle a Gali una plaza en el Hospital de Zaragoza bajo una identidad falsa en nombre de un fantasma Mohamed Ben Batouche.
“Se investiga también si la conducta podría tener la finalidad de evitar problemas judiciales en nuestro país de quien de manera tan peculiar entraba pues caso de saberse de un proceso judicial contra una persona y aunque no haya medidas cautelares contra ella, las autoridades han de poner en conocimiento de los juzgados competentes la localización del sujeto investigado”, según el auto del juez.
La falsificación de documentos podría “afectar a cuantos se hayan aprovechado de la misma pero también a quienes hubieran consentido la utilización de cualquier documentación falsificada”.
La negativa a archivar el caso supone que sigue adelante con la investigación, en la que están citados para el próximo día 18 varios testigos. No obstante, el auto es recurrible ante la Audiencia Provincial de Zaragoza, que podría dar carpetazo al caso, aunque la pretensión de la Abogacía del Estado no ha sido respaldada por la Fiscalía, concluye El País.
