Rue20 Español/ Rabat
El investigador del Instituto de Política y Economía Internacional de Belgrado, Mihajlo Vucic, cuestionó a Argelia sobre su responsabilidad en el desvío sistemático, por parte del «Polisario», de la ayuda humanitaria destinada a las poblaciones secuestradas en los campamentos de Tinduf, a la luz de las conclusiones del Informe de evaluación de la acción del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Argelia 2019-2022.
«Los Estados que tienen la capacidad de influir en las políticas del ‘Polisario’, en primer lugar Argelia, están obligados por el derecho internacional, y no solo desde el punto de vista moral, a impedir la explotación de la situación de las poblaciones secuestradas en su territorio y el uso de fondos humanitarios para fines financieros ilícitos», indicó el investigador serbio, destacando los puntos más destacados del informe publicado por la agencia de la ONU con sede en Roma.
En opinión de Vucic, también profesor asociado de la Facultad de Diplomacia y Seguridad de la Universidad de Belgrado, el informe del PMA podría servir como «prueba adicional» del desvío de ayuda humanitaria destinada a la población de los campamentos de Tinduf, que «Marruecos viene denunciando desde hace muchos años ante la comunidad internacional».
En efecto, las condiciones de vida en estos campamentos, donde la población vive en un cierto limbo jurídico al estar privada de la protección de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, están marcadas por la malnutrición crónica, especialmente entre las mujeres y los niños, señaló, precisando que el desvío de productos alimenticios hacia el mercado negro y fuera del alcance de quienes más lo necesitan «hace aún más alarmante esta situación única».
Para el investigador, el informe del PMA señala la imposibilidad de que las agencias especializadas de la ONU tengan acceso sin trabas a los campamentos, y califica de «sesgado por naturaleza» el control interno de la distribución de la ayuda humanitaria que lleva a cabo el «polisario».
«El control de la distribución de la ayuda humanitaria concedido a estas milicias por Argelia podría calificarse, según las normas del Derecho Internacional Humanitario, de delegación ilegal de autoridad que debe ejercer el Estado en favor de un grupo separatista armado que no tiene estatuto ni responsabilidad alguna en virtud del Derecho Internacional», subrayó, advirtiendo de los «riesgos adicionales para la seguridad» derivados de los estrechos vínculos del «Polisario» con grupos terroristas que operan en el Sahel.
Vucic también recordó que todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU desde 2011 instan a Argelia a autorizar el censo de la población de los campamentos de Tinduf, de conformidad con el derecho internacional humanitario.
