Rue20 Español/Madrid
La reciente aprobación por parte del Gobierno español de un decreto destinado a regularizar la situación de cerca de medio millón de inmigrantes en el país ha abierto un nuevo foco de controversia política y mediática, especialmente en los círculos vinculados al Polisario y sus simpatizantes.
El texto normativo, concebido para conceder permisos de residencia y trabajo a personas en situación irregular que cumplan determinados requisitos, ha generado una reacción crítica por parte de estos sectores, que han centrado su discurso en la exclusión de los denominados “apátridas” del mecanismo extraordinario de regularización.
Desde estos entornos se ha interpretado la medida como una decisión con implicaciones políticas indirectas, enmarcada en una narrativa que acusa al Ejecutivo español de favorecer los intereses de Marruecos.
Sin embargo, esta lectura ha sido matizada por las explicaciones ofrecidas desde el propio Gobierno, que ha subrayado que las personas reconocidas como apátridas no se encuentran en situación administrativa irregular, lo que impediría su inclusión en un procedimiento diseñado específicamente para la regularización de extranjeros sin estatus legal en el país.
Las autoridades competentes han advertido además que su incorporación al proceso podría generar solapamientos jurídicos y ambigüedades en los marcos administrativos existentes, razón por la cual han quedado fuera del alcance del decreto.
En paralelo, representantes vinculados al entorno del Polisario en España han intensificado sus críticas hacia el Ejecutivo de Pedro Sánchez, acusándolo de alinearse con posiciones favorables a Rabat.
No obstante, voces del ámbito asociativo en Madrid han cuestionado la interpretación política del debate, defendiendo que la medida responde exclusivamente a criterios administrativos y jurídicos, y no a consideraciones de carácter geopolítico.
Asimismo, han acusado a determinados actores de intentar instrumentalizar el expediente migratorio para obtener tratamientos específicos, en un contexto marcado por la evolución de la posición española respecto al Sáhara y el respaldo a la propuesta de autonomía presentada por Marruecos, en línea con las resoluciones más recientes del Consejo de Seguridad de la ONU.
