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El reciente informe de la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Argelia, Mary Lawlor, ha puesto en evidencia lo que Marruecos y muchos observadores internacionales han denunciado durante años: El régimen militar argelino vulnera sistemáticamente los derechos humanos en su propio territorio y, al mismo tiempo, intenta encubrir estas violaciones mediante un discurso manipulador y una estrategia de desinformación. La respuesta oficial de Argelia al informe no ha sido otra cosa que un intento desesperado de maquillar una realidad innegable: el país se encuentra atrapado en una deriva autoritaria que pisotea libertades fundamentales y criminaliza a quienes se atreven a alzar la voz contra la injusticia.
En su réplica al informe de Lawlor, el régimen argelino intenta proyectar una imagen de legalidad y respeto a los derechos humanos, apelando a normas constitucionales y acuerdos internacionales que, en la práctica, son ignorados sistemáticamente. Uno de los puntos más cuestionables de su respuesta es la justificación del artículo 87 bis del Código Penal, que permite criminalizar cualquier forma de disidencia bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo. En un ejercicio de cinismo absoluto, el gobierno argelino argumenta que su legislación antiterrorista está en línea con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, cuando en realidad ha sido utilizada como una herramienta de represión contra periodistas, activistas y opositores políticos. La flexibilidad con la que el régimen define el “terrorismo” le permite encarcelar a cualquier voz crítica, sin más pruebas que su propia voluntad de silenciar la disidencia.
El régimen también defiende su política de registro y control de organizaciones de la sociedad civil, alegando que su marco jurídico garantiza la libertad de asociación. Sin embargo, la realidad es otra: numerosas asociaciones han sido ilegalizadas, cerradas o asfixiadas administrativamente por no alinearse con la narrativa oficial. La disolución de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos (LADDH), por orden judicial en 2022, es una prueba contundente de la intolerancia del régimen ante cualquier forma de movilización independiente. Lejos de garantizar un espacio cívico abierto, Argelia ha convertido la legalidad en un instrumento de persecución.
En cuanto a la libertad de prensa y expresión, el informe de la ONU deja al descubierto el ambiente asfixiante que enfrentan los periodistas argelinos. El gobierno argelino, en su réplica, niega cualquier restricción a la prensa y afirma que no se han registrado casos de represión contra periodistas. No obstante, la realidad contradice este discurso: el encarcelamiento del periodista Ihsane El Kadi, el cierre de medios independientes y la censura sistemática en línea muestran una política de represión informativa. En Argelia, la información es un privilegio reservado para quienes repiten la propaganda oficial, en lugar de un derecho garantizado para todos.
La respuesta del régimen argelino al informe de Mary Lawlorno es más que un intento de desviar la atención y presentarse como un actor comprometido con los derechos humanos, cuando en realidad se ha consolidado como un Estado represivo que se aferra a métodos obsoletos de control social. Argelia intenta proyectar la imagen de un país comprometido con la legalidad internacional, pero su práctica demuestra que la única ley que respeta es la de la censura, la persecución y la represión.
Este doble discurso no solo afecta a su propia población, sino que también se extiende a su política exterior, donde Argelia se presenta como un defensor de los derechos humanos en el Sáhara marroquí mientras ignora flagrantemente los abusos en su propio territorio. La comunidad internacional debe dejar de ser cómplice de esta manipulación y exigir al régimen argelino que asuma su responsabilidad. No se puede permitir que un gobierno que encarcela a defensores de derechos humanos, censura la prensa y reprime cualquier forma de disidencia continúe engañando al mundo con una narrativa falsa de compromiso con los derechos humanos.
