Rue20 Español/Rabat
Según un informe reciente en árabe titulado El derecho al acceso a la información en la región árabe: logros y fracasos, Marruecos se destaca como pionero en la región al garantizar este derecho, habiéndolo constitucionalizado en 2011. Sin embargo, el informe subraya que, a pesar de los avances legales y administrativos, persisten desafíos que limitan su aplicación efectiva.
La Ley 31.13, promulgada en 2018, obliga a las instituciones públicas a divulgar información de manera proactiva y responder a solicitudes ciudadanas. Herramientas como la plataforma digital Chafafiya.ma han permitido gestionar más de la mitad de las solicitudes presentadas, con un tiempo promedio de respuesta de 35 días. Además, Marruecos ha designado a 1.850 funcionarios para atender estas demandas, marcando un paso importante hacia la profesionalización del sistema.
A pesar de estos avances, las limitaciones son evidentes. Las excepciones legales amplias, como las relacionadas con la seguridad nacional o las políticas económicas, otorgan a las instituciones públicas una discrecionalidad que a menudo dificulta el acceso. Además, las respuestas a las solicitudes suelen ser genéricas y de baja calidad, lo que no satisface las necesidades de los ciudadanos.
El informe también destaca que, aunque el marco legislativo obliga a la publicación proactiva de datos, muchas administraciones públicas no cumplen con esta disposición. Solo el 2 % de los ciudadanos encuestados tiene un conocimiento claro de la Ley 31.13, lo que refleja una falta de esfuerzos de sensibilización y comunicación por parte de las autoridades.
Para superar estas barreras, el informe recomienda reforzar la capacitación del personal encargado, limitar las excepciones legales y mejorar la calidad de la información publicada. También enfatiza la necesidad de un órgano de supervisión verdaderamente independiente, con capacidad para imponer sanciones a las administraciones que incumplan sus obligaciones.
Marruecos ha avanzado en la creación de un marco jurídico y administrativo sólido para garantizar el derecho al acceso a la información. Sin embargo, la brecha entre la legislación y su aplicación práctica refleja la necesidad de reformas más profundas para consolidar la transparencia y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
