Rue20 Español/Rabat
Informes españoles revelan que Marruecos se basó en un documento legal de 1957 durante sus negociaciones con el gobierno español para establecer las aduanas comerciales en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla.
Estos informes revelan el acuerdo firmado entre el difunto rey Mohamed V y el general Francisco Franco en 1957, en el que Rabat se basa para insistir en sus condiciones que convertirían las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla en aduanas «regionales», impidiendo el paso de mercancías no fabricadas parcialmente en las ciudades.
Marruecos insiste en no permitir el paso de productos procedentes de España o de otros países como China o India, ya que no podrán ser exportados a través de los pasos fronterizos terrestres de Ceuta y Melilla.
Esta decisión ha sido considerada por los españoles como una limitación importante a la actividad comercial, ya que se excluirán las mercancías que «históricamente» transitaban por estos puntos.
El acuerdo de 1957 incluía cláusulas sobre la regulación de las operaciones comerciales, la actividad agrícola y otros aspectos económicos entre ambas partes; y establecía listas de productos permitidos en ambos sentidos, como alimentos y materias primas de Ceuta y Melilla, y textiles, maquinaria y productos químicos de Marruecos, con licencias de importación específicas.
Según los informes españoles, Marruecos ha impuesto condiciones estrictas a las operaciones comerciales a través de Ceuta y Melilla, incluyendo el mantenimiento de la prohibición del contrabando en ambos sentidos y la restricción del sistema de paso de viajeros, impidiendo la entrada de productos españoles al salir de las ciudades.
Hasta el momento, ni Madrid ni Rabat han anunciado oficialmente un acuerdo definitivo sobre la vuelta de las aduanas comerciales al paso fronterizo de Melilla, que Marruecos decidió cerrar en 2018, o la apertura de una oficina aduanera comercial por primera vez en la frontera de Ceuta.
El presidente del gobierno local de Melilla, Juan José Imbroda, del Partido Popular, convocó una rueda de prensa en la que pidió la dimisión de la delegada del gobierno central, Sabrina Moh, y la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en el parlamento para ser interpelado por la aceptación por parte del gobierno de Pedro Sánchez de las condiciones de Rabat, que considera que atentan contra la «soberanía española» sobre la ciudad.
