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La reciente reforma al reglamento de extranjería en España marca un hito en la gestión migratoria al priorizar la inclusión social, el mercado laboral y la reagrupación familiar. Este cambio no solo afectará a las 900.000 personas previstas para regularizarse en los próximos tres años, sino que también ofrece lecciones clave para países como Marruecos, donde la emigración y la inmigración son fenómenos igualmente relevantes.
El enfoque integral adoptado por el gobierno español, que reduce el tiempo de permanencia para el arraigo de tres a dos años y flexibiliza las condiciones para trabajar y estudiar, responde a necesidades demográficas y laborales concretas. España, con un estado de bienestar que requiere entre 250.000 y 300.000 trabajadores extranjeros al año, ha entendido que la regularización de migrantes no es solo un gesto humanitario, sino también una estrategia económica sostenible. Este modelo debería inspirar a Marruecos, que enfrenta desafíos similares tanto en su territorio como en su diáspora.
Para los marroquíes, que representan una de las comunidades extranjeras más numerosas en España, esta reforma abre nuevas puertas. Las medidas para proteger a trabajadores temporales y garantizar derechos básicos como cambiar de empleador en casos de abuso son avances notables. Esto no solo mejora la calidad de vida de los migrantes, sino que también reduce su vulnerabilidad frente a explotaciones laborales. En Marruecos, donde los trabajadores temporales europeos participan en sectores como la agricultura, esta normativa española podría servir de referencia para revisar y mejorar las condiciones de empleo de los migrantes subsaharianos en nuestro país.
La dimensión familiar también destaca. Ampliar el rango de edad para la reagrupación familiar y considerar nuevas formas de convivencia refleja un entendimiento profundo de las realidades actuales. Marruecos, con su sólida tradición de unión familiar, podría fortalecer sus políticas para garantizar derechos similares a los migrantes que llegan a nuestras fronteras, fomentando un entorno más inclusivo.
Esta reforma no está exenta de retos. Su implementación exigirá un esfuerzo coordinado entre consulados, oficinas de extranjería y entidades locales. Sin embargo, lo que destaca es el compromiso político por encontrar soluciones pragmáticas, incluso en un contexto europeo donde el discurso migratorio es a menudo polémico.
Marruecos, como país emisor y receptor de migrantes, debería observar este proceso con atención. El modelo español demuestra que regularizar no es sinónimo de debilidad, sino de fortaleza y visión. Nuestro país, al ser puente entre África y Europa, tiene la oportunidad de construir una política migratoria que combine el respeto a los derechos humanos con las necesidades socioeconómicas, aprendiendo de experiencias como esta.
La migración no es solo un fenómeno, es una realidad global que exige respuestas responsables. España ha dado un paso en la dirección correcta, y Marruecos tiene mucho que ganar tomando nota.
