Rue20 Español/ Rabat
En un nuevo capítulo de la crisis política venezolana, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha validado la controvertida elección del 28 de junio, que la oposición y observadores internacionales han denunciado como un fraude monumental. La sentencia, dictada por la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, exconcejala chavista, ha confirmado el resultado de los comicios sin mostrar ni una sola acta de escrutinio, reafirmando así el autogolpe del presidente Nicolás Maduro.
El TSJ, en una decisión que parece sacada de un guion preestablecido, ha ratificado la victoria de Maduro con la misma retórica prefabricada que ha utilizado en los últimos años. La presidenta Rodríguez declaró que los boletines del Consejo Nacional Electoral (CNE) están respaldados por actas de escrutinio emitidas por las máquinas de votación, aunque estas actas no han sido puestas a disposición del público. Esta falta de transparencia ha suscitado una gran preocupación tanto a nivel nacional como internacional.
El apoyo del general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, a la legitimidad del TSJ contrasta con las crecientes críticas de la comunidad internacional. Los observadores internacionales, incluidos el Centro Carter y expertos de la ONU, han señalado la falta de imparcialidad del TSJ y han pedido acceso a las actas de votación para verificar la legitimidad de los resultados. Sin embargo, la administración de Maduro ha optado por cerrar el acceso a esta información crucial.
La sentencia también ha incluido la solicitud de acciones legales contra Edmundo González Urrutia, quien se negó a participar en el proceso que el TSJ denominó «legítimo». La estrategia del régimen parece ser una táctica para desacreditar a la oposición y consolidar su control absoluto, a pesar de las evidencias de un fraude electoral.
La crisis se profundiza a medida que la oposición venezolana, encabezada por María Corina Machado, denuncia la falta de transparencia y la manipulación judicial. Machado ha instado a los jueces a actuar con integridad, pero la respuesta del TSJ parece ser una reafirmación del poder autoritario de Maduro.
La situación en Venezuela refleja una lucha entre el autoritarismo y la democracia, en la que el régimen chavista continúa su ofensiva para legitimar un sistema cada vez más cuestionado. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue sin reconocer oficialmente los resultados y continúa exigiendo transparencia y justicia.
En este contexto, la falta de acceso a las actas de votación y el respaldo de los aliados de Maduro en América Latina y el Caribe, como México, Cuba y Nicaragua, contribuyen a la complejidad de la crisis. La ausencia de una respuesta firme y coordinada por parte de la comunidad internacional deja a Venezuela atrapada en una espiral de crisis política y social, con un régimen que parece imparable en su búsqueda de consolidar un poder que muchos consideran ilegítimo.
El drama venezolano continúa siendo una prueba de las tensiones entre los regímenes autoritarios y los principios democráticos, y la situación en Venezuela seguirá siendo un tema candente en la política internacional mientras el país lucha por encontrar una salida a su crisis profunda.
