Rue20 Español/Melilla
El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas falló, el pasado 8 de marzo, contra España por impedir el derecho a la educación de una joven marroquí residente en Melilla.
El dictamen concluye que las autoridades españolas pusieron «dificultades en la práctica que impiden su escolarización», tal como recoge El Mundo; violando así la Convención sobre los Derechos del Niño.
S.J., marroquí, nacida en Melilla en 2005, intentó en dos ocasiones acceder al sistema educativo público español y se topó con trabas administrativas.
«No la aceptaron por no haber demostrado correctamente que tenía su residencia en Melilla»; algo que las autoridades tardaron entre 13 y 16 meses en confirmar, señala el dictamen.
Cuando quiso cursar 1.º de Bachillerato a los 16 años, le pidieron «justificación de sus estudios previos»; a pesar de que ya había superado la obligatoria.
«A pesar del reconocimiento formal de la legislación interna, los hechos demuestran que S.J., al igual que otros niños residentes en Melilla en situación administrativa irregular, encuentra dificultades en la práctica que impiden su escolarización», resuelve el Comité.
Este órgano de la ONU considera que los «requisitos administrativos para acceder a la educación pública afecta de manera desproporcionada a niños y niñas residentes irregulares» en la ciudad ocupada de Melilla, privándoles de su derecho a la educación.
«España no ha acreditado debidamente que la aplicación de requisitos haya sido algo ‘necesario y proporcional’», precisa el dictamen.
Desde asociaciones marroquíes se denuncia que «el papel de las autoridades administrativas y judiciales melillenses no ha hecho sino entorpecer el ejercicio del derecho» a la educación de menores marroquíes.
Por lo que instan a Melilla a acatar el fallo y garantizar escolarización en igualdad de todos los menores, al margen de su situación administrativa, poniendo fin a las «interminables trabas y excusas».
