Rue20 Español/ Rabat
El proyecto de ley 02.23 sobre el procedimiento civil, que incluye una serie de innovaciones, la más importante de las cuales es la digitalización de los procedimientos judiciales, tiene como objetivo seguir el ritmo de los numerosos cambios que se producen en el sistema judicial y el ministerio público, así como en las leyes que los rigen, dijo el ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi.
En declaraciones al telediario Al Aoula el jueves, el ministro precisó que el proyecto de ley, adoptado por el Consejo de Gobierno, implica la revisión de 400 artículos de la ley de enjuiciamiento civil y la adición de 145 nuevos artículos, así como la integración de otros 45, en un proceso en el que participaron todas las partes implicadas en la autoridad judicial, la Presidencia del Ministerio Público, abogados y magistrados, así como el jefe de gobierno, que presentó varias propuestas y dio su opinión al respecto, en coordinación con la Secretaría General del Gobierno.
Ouahbi ha señalado que el proyecto de ley ha simplificado los procedimientos lentos, en particular el correo certificado, ha anulado varios procedimientos considerados superfluos y ha añadido varios procedimientos para facilitar el acceso a la justicia.
«Hemos decidido que 2024 será el año de la digitalización. Vamos a asegurarnos de que todos los casos estén digitalizados y de que la plataforma de abogados se actualice para que la navegación sea más fluida», destacó Ouahbi, añadiendo que con esta nueva ley «ya no es necesario que los abogados vayan a los tribunales todos los días».
En cuanto a la agilización de los procedimientos judiciales, el ministro se refirió a la adopción de medidas, entre ellas la digitalización de la notificación de las decisiones y de su ejecución, explicando que «los abogados pueden ahora interactuar con el tribunal a través de una plataforma dedicada a ellos».
Ouahbi subrayó que el intercambio electrónico facilitará varios procedimientos, poniendo de relieve la opción de una sesión única y el uso de direcciones electrónicas para los organismos públicos.
En cuanto a la notificación y la ejecución, Ouahbi recalcó que «la dirección que figura en el documento nacional de identidad electrónico se considera un compromiso y un reconocimiento, lo que la convierte en la dirección legal que garantiza la exactitud de las notificaciones de una decisión».
