Rue20 Español/ Mohammedia
El Gobierno andaluz pide a la Moncloa tomar algunas medidas para minimizar los efectos de la finalización del acuerdo de pesca UE-Marruecos. La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de Andalucía, Carmen Crespo, ha pedido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, que no deje fuera de las ayudas a embarcaciones andaluzas que se han visto afectadas por la finalización, el pasado lunes, del acuerdo pesquero que estaba vigente entre la Unión Europea y Marruecos.
Crespo explicó ayer que «para no dejar a estas familias solas en una situación tan dificultosa, solicitamos que se estudie la posibilidad de habilitar las ayudas previstas por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa) destinadas a las ayudas por causa de fuerza mayor». Estas ayudas, ha resaltado Crespo, «son perfectamente compatibles al tratarse el acuerdo pesquero con el reino alauita de un acuerdo de pesca sostenible». La consejera ha hecho referencia, en concreto, al artículo 21 punto 2D del Fempa.
Por otro lado, El comisario europeo de Pesca, Virginijus Sinkevičius y su homólogo español, Luis Planas, abordó ayer la cuestión del Acuerdo de pesca durante la reunión informal de ministros de Pesca comunitarios que se celebró ayer martes en Vigo.
El comisario calificó la caducidad del protocolo pesquero de «situación desafortunada», por el impacto para la flota comunitaria afectada, pero ha insistido en que no se puede «prejuzgar» ninguna decisión ni la CE comprometerse a cerrar un acuerdo hasta que se pronuncie sobre el convenio el Tribunal de Justicia de la UE, según dijo el comisario en declaraciones a la prensa.
«Nuestros trabajos con Marruecos continúan, pero antes (de la sentencia) no podemos finalizar un nuevo acuerdo», ha recalcado el representante de la CE en declaraciones a EFE.
Por su parte, el Gobierno español confirmó anteayer lunes que la renovación del acuerdo depende de está sentencia. «La renovación del protocolo de pesca con Marruecos, que ha expirado hoy, 17 de julio, está a la espera de una sentencia del Tribunal de Justicia de la de la Unión Europea», subrayó un comunicado del Gobierno español.
El Gobierno español dijo también que España logró 92 licencias de las 128 que se otorgaron para pescar en aguas marroquíes, pero solo 21 barcos solicitaron licencia para ello en 2021 y 2022, o en 2023. A cambio la UE paga a Marruecos una media anual de 52 millones de euros.
La mayoría de la flota pesquera andaluza con autorización para trabajar en el caladero marroquí pertenece a la provincia de Cádiz, con 47 buques. De ellos, 25 son embarcaciones de palangre de fondo (artes menores), en las que trabajan pescadores de Conil, Barbate, Tarifa y Algeciras, así como una flota de 22 barcos de cerco. Una decena del total tiene base en los puertos del Campo de Gibraltar, mientras que Conil y Barbate concentran la mayoría. Toda la flota andaluza supone unos 500 tripulantes que capturan especies como boquerón, sardina, dorada, corvina, merluza, palometa y atún, según detalló hoy Europa Sur.
«Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses y diez días a partir de la notificación de la resolución», subrayó el comunicado del Tribunal General de la Unión Europea, el 29 de septiembre de 2021, acerca de su fallo que anuló una parte del Acuerdo pesquero entre Marruecos y la UE. Y si así fue, las partes competentes recurrieron el fallo. El próximo verano se espera la sentencia definitiva.
La sentencia del Tribunal General europeo no tomó en consideración los intereses vitales de los saharauis marroquíes y de los mismos europeos y españoles que viven de la pesca en las aguas marroquíes. Son miles.
El fallo fue contaminado por las voces y actitudes anti-marroquíes. Los ingresos del acuerdo de pesca en las aguas del Sahara marroquí se invierten en la zona y para sus ciudadanos. Los grandes avances a nivel de desarrollo e infraestructuras en la región es la mejor muestra y respuesta al fallo que debería ser subsanado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
«El Tribunal General anula las decisiones del Consejo del Consejo Europeo relativas, por una parte, al Acuerdo entre la UE y Marruecos por el que se modifican las preferencias arancelarias concedidas por la UE a los productos de origen marroquí y, por otra parte, a su acuerdo de colaboración de pesca sostenible No obstante, los efectos de esas decisiones se mantienen durante un cierto período de tiempo, con el fin de preservar la acción exterior de la Unión y la seguridad jurídica de sus compromisos internacionales’», dijo el fallo del TG en 2021.
