Rue20 Español/ Rabat
Frente al apoyo abrumador a la «Declaración de Rabat sobre la salud de los refugiados y los migrantes», adoptada el martes, sólo la delegación argelina, en solitario, se lanzó a una serie de maniobras desesperadas para intentar, en vano, extraer la referencia al registro de los refugiados de la Declaración, que recuerda la responsabilidad inalienable de los Estados de acogida de registrar e identificar a los refugiados en su territorio, como principio esencial de protección.
Facilitada por el Reino de Marruecos, la «Declaración de Rabat» se negoció en Ginebra durante varias semanas antes de la 3ª Consulta Mundial, y fue aceptada por todas las partes implicadas, incluida Argelia.
El giro dado por la delegación argelina, que fue el único país que expresó reservas sobre el párrafo relativo al registro de los refugiados, demuestra, por si hiciera falta alguna prueba, su encarnizamiento sobre la cuestión del registro de las poblaciones de los campamentos de Tinduf en su propio territorio.
La postura de Argelia, reconfirmada en la reunión de Rabat, viola sus compromisos internacionales y los llamamientos recurrentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en particular la resolución 2654 (2022) sobre la cuestión del Sáhara marroquí, que pide expresamente a Argelia que permita a la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) registrar y censar la población de los campamentos de Tinduf.
Los altos responsables de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional para las Migraciones y el ACNUR, así como todos los participantes en esta Consulta Mundial, elogiaron el papel de liderazgo del Reino de Marruecos en la promoción y protección de los derechos de los refugiados y migrantes.
También agradecieron a Marruecos que haya hecho posible la adopción de un ambicioso Marco Político destinado a reforzar la voluntad de los Estados y sus compromisos internacionales para mejorar la salud de los refugiados y los migrantes sobre la base de un enfoque de colaboración y apoyo en el que participan los gobiernos, las organizaciones internacionales y regionales, el sector privado, el mundo académico y la sociedad civil.
