Rue20 Español/ Nairobi
El Reino de Marruecos abogó, el lunes en Nairobi, por un espacio jurídico africano común para hacer frente a los desafíos relacionados con el cambio climático.
Al intervenir en la apertura del 3er Simposio regional sobre la ecologización de los sistemas judiciales en África (03-05 de abril), Imane Elmalki, jefe de división del Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ), subrayó la necesidad de equilibrar las necesidades del desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente en todos los proyectos de reforma, dentro de un marco jurídico común.
La cuestión del medio ambiente es un elemento unificador para los países africanos y consagra la pertenencia continental y el destino común, dijo Elmalki, también Consejera del Tribunal de Casación, señalando que el medio ambiente es un bien común y una responsabilidad colectiva de todas las naciones, que requiere la participación de todos los actores, definiendo las responsabilidades de cada parte interesada.
Los países africanos se enfrentan a los mismos problemas, a saber, la desertificación, la sequía y el cambio climático, señaló, indicando que el ciudadano africano ha pasado de adaptarse a su entorno a buscar mejores oportunidades en un entorno mejor.
Subrayó la importancia de modernizar el sistema jurídico adaptándolo a los compromisos regionales e internacionales, así como la importancia de garantizar los medios humanos, logísticos y de gestión para aplicar estos compromisos, y se declaró partidaria de un enfoque preventivo y represivo para «frenar la hemorragia medioambiental».
Elmalki también pidió que se prestara especial atención a este proyecto y que se dotara al poder judicial de todos los medios humanos, científicos y organizativos necesarios para responder a las expectativas y desafíos.
Los Tribunales de Casación fueron los primeros en avanzar hacia un futuro verde, modernizando los mecanismos de actuación judicial y administrativa, así como los planes de estudios para la formación continua de sus jueces, dijo, destacando el papel de los institutos de formación judicial para hacer del derecho medioambiental uno de los componentes esenciales de los programas de formación.
